El Presidente Gabriel Boric pidió al Congreso que despache esta semana el proyecto de Sala Cuna Universal, luego de un llamado público en la Isla de Juan Fernández donde aseguró que existe "un acuerdo respecto a los aspectos técnicos". El Mandatario agregó que "a mí me interesa que salga, no me interesa la foto" y planteó que, si se aprueba, podría ser promulgado por el próximo gobierno.

El Ejecutivo presentó esa oferta como la última versión consensuada con algunos técnicos opositores, a cargo de la ministra Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el principal obstáculo no son las diferencias técnicas, sino una falta de voluntad política. Vallejo afirmó que la oposición rechazó reuniones de diálogo propuestas en febrero y calificó esa decisión como "netamente política, no técnica y totalmente incomprensible".

La reacción del oficialismo fue inmediata. Después de casi dos meses, las fuerzas progresistas se reunieron en La Moneda para un Comité Político Ampliado y expresaron un respaldo contundente a la iniciativa, pese a que las tensiones internas, desatadas tras la resolución del caso de Gustavo Gatica en enero, aún no están totalmente superadas.

Desde la oposición, en tanto, niegan que exista un consenso técnico que permita avanzar sin mayores advertencias. El senador García fue mencionado como canal de comunicación con el Ejecutivo, pero en las declaraciones oficiales no se consignó su nombre de pila ni la versión completa de la oposición sobre el estado técnico y financiero del proyecto.

Este debate no es nuevo. Como recordó el senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, se trata de una iniciativa que partió en la administración de Sebastián Piñera y que ha sido modificada por el Gobierno actual. "Con voluntad política esto se podría sacar, pero está difícil", dijo Quintana, reconociendo la complejidad política.

Los puntos en disputa, según las partes, incluyen alcance de cobertura, criterios técnicos para la operación de las salas cuna y el financiamiento, que la oposición señala como aún no resuelto. El Gobierno afirma tener avances técnicos, pero no detalló cifras ni la fuente del financiamiento en sus declaraciones públicas.

Para las familias, la aprobación implicaría una ampliación de la cobertura de cuidados infantiles y una potencial reducción de barreras para el empleo de padres y madres. Quienes podrían perder, si no avanza, son justamente los hogares con menores recursos que esperan acceso a sala cuna. Políticamente, ganarían los partidos que puedan capitalizar la iniciativa como logro social, y perderían los que queden asociados a la paralización legislativa.

El escenario inmediato es claro: el Ejecutivo insiste en acelerar el trámite esta semana; la oposición mantiene reservas técnicas y financieras. Si no hay acuerdo, el proyecto podría quedar pendiente hasta el cambio de mando. Ese resultado tendría impacto directo en la agenda social y en la percepción de capacidad de acuerdo entre Gobierno y Congreso en los meses finales de la administración.