El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, anunció que el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, entregará información sobre violencia del estallido social de octubre de 2019. Tras reunirse el miércoles con el diplomático, el canciller señaló que el encuentro buscó solicitar formalmente esos antecedentes.
En conferencia de prensa en la sede de la Cancillería, Judd manifestó disposición a entregar antecedentes. El canciller recalcó que una vez recibidos, serán derivados a Fiscalía Nacional y organismos competentes. Pérez Mackenna señaló que para este gobierno es de máxima importancia toda información que contribuya a esclarecer los hechos ocurridos durante ese periodo, reportó La Tercera.
Sin embargo, Judd aclaró que organismos de inteligencia estadounidenses no disponen de datos concretos sobre individuos específicos. Sus análisis provienen de fuentes abiertas: información del Congreso estadounidense, académicos y policías. Reconoció que aún no ha entregado esos antecedentes a la justicia chilena.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que el Ministerio Público tampoco cuenta actualmente con información de Judd. No obstante, no descartó reabrir investigaciones cerradas si aparecen nuevos antecedentes. Las causas que pudieron haber sido cerradas por falta de antecedentes siempre se pueden reabrir, en la medida en que no hayan transcurrido los plazos de prescripción, explicó Valencia.
En 2025, Valencia ordenó un informe estadístico sobre los hechos de octubre de 2019 a marzo de 2020. También concentró en un solo fiscal regional las causas abiertas, especialmente vinculadas con ataques al Metro. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, asumió el caso, modificando el criterio inicial cuando las investigaciones se distribuyeron entre cuatro fiscales regionales.
Las diligencias permanecen bajo reserva, y Barros determinará cuándo puede hacerse pública la información. En agosto, la comisión investigadora de la Cámara de diputados sobre el 18-O concluyó su trabajo sin identificar coordinadores, financistas u organizaciones responsables de la violencia del estallido social de 2019.
