Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, adoptó esta semana una postura ambivalente frente a los ataques con misiles lanzados por Estados Unidos contra Irán: el Gobierno británico negó haber colaborado y evitó condenar la acción, pese a las advertencias legales citadas en el debate público.
La tensión se produce después de meses en que la llamada "relación especial" entre Londres y Washington ha quedado deteriorada por temas como la cesión de la soberanía de las Islas Chagos y las diferencias sobre Groenlandia. En No 10 (Downing Street, la oficina del primer ministro del Reino Unido) reconocen que la influencia del premier sobre el presidente estadounidense Donald Trump fue limitada en este episodio, según fuentes citadas por la prensa.
El Ejecutivo británico sostiene que no permitió el uso de sus bases militares para la operación estadounidense, y al mismo tiempo ha celebrado que el régimen iraní haya "amenazado" a países occidentales, en palabras difundidas por voceros del Gobierno. Sin embargo, esa ambivalencia complica la posición de Starmer ante su propio partido y ante aliados tradicionales.
John Healey, secretario de Defensa del Reino Unido, evitó emitir un juicio moral o jurídico claro sobre la ofensiva cuando fue consultado públicamente, lo que subraya la dificultad del Gobierno para equilibrar respaldo transatlántico con normas del derecho internacional. Además, el fiscal general del Reino Unido, cuyo nombre no fue citado en las versiones recogidas por la prensa, advirtió que las acciones podrían vulnerar el derecho internacional.
Canadá y Australia expresaron apoyo a la operación estadounidense, lo que deja a Reino Unido en una vía intermedia: no cómplice declarado, pero tampoco crítico. El historial de acercamientos de Starmer a Trump, incluyendo gestos diplomáticos y cautela pública incluso en temas polémicos como la situación en Venezuela, aumenta las expectativas sobre si Londres terminará optando por una postura más contundente.
En América Latina el episodio genera inquietud por varias vías. La escalada entre Washington y Teherán ya impactó en los mercados: Wall Street cerró en rojo y el petróleo subió, un escenario que preocupa a inversionistas chilenos y puede presionar costos de energía y transporte. Además, la polarización entre potencias obliga a gobiernos latinoamericanos a redefinir equilibrios diplomáticos en un contexto de mayor multipolaridad.
Para Chile y la región, las consecuencias más inmediatas son económicas y comerciales. Una creciente tensión en el Golfo de Omán y el estrecho de Ormuz puede elevar precios del crudo y generar volatilidad en bolsas globales, lo que afecta a exportadores e importadores latinoamericanos. En lo diplomático, el episodio recuerda la necesidad de distancia estratégica frente a decisiones que pueden vulnerar normas internacionales, un debate relevante para países que defienden la soberanía y la legalidad internacional.
La prueba para Starmer será si su Gobierno mantiene esta ambivalencia o si, ante presiones internas por principios y aliados por estrategia, opta por una posición más definida. Los próximos movimientos de Londres, incluidos pronunciamientos oficiales del gabinete y posibles llamadas entre líderes, serán determinantes para la relación con Washington y para la percepción internacional del compromiso británico con el derecho internacional.

