El 7 de enero, un ataque israelí en el barrio Al Tuffah, en el norte de la Franja de Gaza, dejó un edificio residencial derrumbado y al menos dos personas muertas, según reportes locales. Entre los escombros se recuperaron restos de al menos tres GBU-39, bombas de pequeño diámetro fabricadas en Estados Unidos y de aproximadamente 250 libras cada una, una de las cuales no detonó.

Las fuerzas israelíes, las Israel Defense Forces, señalaron que el blanco fue un dirigente de Hamás y que la acción respondió a una presunta violación del alto el fuego vigente desde octubre. Pese al cese de hostilidades, estas incursiones subrayan la continuidad de operaciones puntuales dentro de Gaza.

El hallazgo pone de nuevo en el foco el papel de armamento estadounidense en el conflicto. Estados Unidos ha suministrado a Israel miles de millones de dólares en ayuda militar y, según informes, ha aprobado ventas de armamento por cerca de 12.000 millones de dólares en los primeros meses de la actual administración. Desde el inicio de la guerra más reciente, legislación mencionada en reportes cita al menos 16.300 millones de dólares en ayuda directa. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado casos en que armamento de origen estadounidense habría causado daño a civiles en Gaza.

Un informe del Departamento de Estado de 2024, elaborado durante la administración del expresidente Joe Biden, concluyó que, dada la “dependencia significativa” de Israel en equipos de defensa estadounidenses, es razonable evaluar que algunos usos podrían ser inconsistentes con las obligaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario, sigla en inglés IHL por International Humanitarian Law. Israel rechaza estas imputaciones y sostiene que opera conforme al derecho internacional y que toma medidas para mitigar el daño civil.

En Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró una llamada Junta de Paz y anunció financiamiento para la reconstrucción de Gaza, nombrando a Jared Kushner, su exasesor y yerno, como enviado especial para la reconstrucción. Esa iniciativa ha generado críticas por parte de actores que consideran que debilita la multilateralidad y excede mandatos de la ONU, según cobertura relacionada.

Reacciones internacionales han venido de ONG, medios de investigación y algunos gobiernos que piden mayor transparencia sobre el flujo y el uso final del armamento. Investigaciones abiertas por periodistas y organizaciones especializadas buscan trazar la trazabilidad de las municiones y confirmar responsabilidad en daños civiles.

¿Por qué importa esto a Chile y a América Latina? Chile alberga una de las diásporas palestinas más numerosa fuera de Oriente Medio y ha mantenido históricamente posiciones críticas respecto a violaciones de derechos en Gaza. El hallazgo de munición estadounidense usada en ataques plantea preguntas concretas para la política exterior chilena sobre cooperación militar con Estados Unidos, controles de transferencia de armas y el peso de la agenda de derechos humanos en votaciones multilaterales. Además, esto reaviva el debate global sobre la responsabilidad del proveedor: si equipamiento de un país es empleado en presuntas violaciones, ¿qué medidas de supervisión, transparencia y condicionamiento deberían exigirse?

A escala global, el caso suma presión para revisar mecanismos de control de exportaciones y verificación del uso final, temas que ya surgieron en conflictos previos donde armamento occidental fue implicado en daños a civiles. Para Chile, la discusión es tangible: implica definir si la relación con Estados Unidos prioriza la seguridad y el comercio de defensa, o si debe reforzarse un criterio más estricto de derechos humanos en la cooperación.

La información sigue en desarrollo. Las evidencias presentadas por periodistas e instituciones forenses son materia de análisis y las autoridades estadounidenses e israelíes han ofrecido respuestas parciales. Mientras tanto, en Santiago y en foros regionales, este hallazgo puede alimentar iniciativas para mayor transparencia en transferencias de armas y para que la política exterior chilena articule con claridad su posición sobre Gaza y el control de armamento.