El Juzgado de Garantía de Punta Arenas declaró admisible una querella criminal por un ataque con arma blanca que dejó a un interno, cuyo nombre se reserva por su condición de víctima, con riesgo vital en el Hospital Clínico de Magallanes. La acción judicial apunta al recluso Jhon Charrier de Sousa como autor del homicidio frustrado y, en calidad de autores por omisión, al alcaide Edgardo Pérez Casanova, al jefe del Régimen Interno Freddy Meza Morales y al jefe Operativo José Ilufi Sennas. Según la denuncia del abogado patrocinante, Pablo Chandía, la agresión fue advertida en tiempo real por el personal de guardia gracias a los gritos de los demás internos del módulo. Pese a ello, los funcionarios no intervinieron de forma inmediata para frenar el ataque. Lo más grave, denuncian, es que al momento de la familia del afectado pedir las imágenes, las jefaturas respondieron que el sistema de vigilancia no estaba operativo. Se le dijo a una de las familiares de la víctima que las cámaras estaban apagadas. Esta circunstancia, sostienen, implica necesariamente una actuación negligente y podría configurarse una maniobra para eludir la responsabilidad de custodia. Tortura institucional es otro de los delitos que persigue la denuncia, por los tratos crueles impuestos al afectado tras recibir el alta médica, cuando fue trasladado de forma imprevista a un módulo de alta peligrosidad y castigado con la pérdida de sus encomiendas, mientras que su agresor continuó sin modificaciones en su celda de origen. Hoy por hoy se está protegiendo a quien lo acometió y no a él, concluyó Chandía, quien además solicitó la intervención urgente de la unidad psiquiátrica forense del hospital para frenar el severo deterioro de la salud mental de la víctima. El caso se tramita en un marco de denuncias sobre fallas en la seguridad de los penales de Magallanes y la gestión de custodia en módulos de alta peligrosidad.