El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dijo que enfrentó “varios de los hechos” sin renunciar y que la decisión de permanecer en el cargo respondió a un sentido de servicio público, en declaraciones entregadas esta semana en Radio Pauta, emisora chilena.
Montes, titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conocido también como Minvu, defendió los resultados de su gestión y puso énfasis en la cifra de más de 260.000 viviendas entregadas durante el periodo, trabajos que, según indicó, continuarán con proyectos en curso para la próxima administración.
En la entrevista el ministro reconoció que la reconstrucción tras los incendios en la Región de Valparaíso fue más lenta de lo esperado y atribuyó parte de la responsabilidad a fallas en el funcionamiento del Estado. Según explicó, el ministerio mantiene 43 procesos de reconstrucción, de los cuales 27 fueron heredados del gobierno anterior, y dijo haber sido crítico desde el inicio del ritmo de las obras.
Sobre el llamado caso Convenios, Montes afirmó que fue “una sorpresa” que grupos intentaran aprovechar recursos para obtener poder político. Explicó que el programa de transferencias a fundaciones existía antes de su llegada al gobierno, que comenzó en 2019, y que tras detectarse problemas se modificaron normas y procedimientos para cerrar los vacíos detectados.
El ministro también abordó el problema estructural de déficit habitacional: mencionó que en Chile hay cerca de 491.000 familias sin vivienda y más de mil campamentos, una situación que calificó como incompatible con el nivel de desarrollo del país y que exige soluciones de largo plazo en materia de suelo, financiamiento y coordinación estatal.
Políticamente, las declaraciones buscan mostrar gestión y responsabilidad frente a crisis que han tensionado a su cartera, pero también dejan en evidencia desafíos institucionales por resolver. La continuidad de las obras y la corrección de los mecanismos de transferencia serán temas centrales para la próxima administración y para la percepción pública sobre transparencia en el gasto social.
A nivel regional, la situación no es exclusiva de Chile: varios países de América Latina enfrentan déficit de vivienda y expansión de asentamientos informales, lo que subraya la necesidad de políticas integradas de suelo, subsidios y planificación urbana. Para Chile, la capacidad del Estado de acelerar reconstrucciones y tutelar programas sociales será determinante para reducir la presión social y para la estabilidad política del sector vivienda en los próximos años.