El homicidio ocurrió la tarde del 24 de febrero de 2022 en el sector rural del Valle de Chaca, en la provincia de Arica, cuando un hombre disparó a un ciudadano boliviano de 40 años, según los antecedentes recopilados en la investigación.

Según la Fiscalía, la víctima y el autor mantenían una relación de confianza y se trasladaron hasta el kilómetro 2.000 del sector, donde se produjo el disparo que causó la muerte de la víctima. Tras el hecho, el imputado abandonó Chile por la frontera hasta Tacna, Perú, y permaneció en la clandestinidad hasta su captura en febrero de 2023, luego de la activación de alertas internacionales y la cooperación con organismos extranjeros.

La fiscal a cargo del caso, Verónica Roco, explicó que uno de los pilares de la prueba fue el análisis tecnológico. "Lo relevante de este fallo dice relación con la existencia de prueba de carácter indiciaria, la cual fue armonizada de manera adecuada con la georreferenciación del teléfono celular del acusado, situación que lo posicionó en el sitio del suceso en el horario crítico en el cual se comete el homicidio en contra de la víctima", dijo la persecutora.

La investigación, que combinó peritajes forenses y rastreo de señales móviles, concluyó además que el homicidio respondió a un móvil económico, según la Fiscalía. Ese elemento, junto con la geolocalización y otras pruebas circunstanciales, permitió al tribunal establecer la responsabilidad penal del imputado.

El tribunal dictó una pena de 10 años y un día de presidio efectivo para el condenado, que deberá cumplir la sanción en forma inmediata. El fallo cierra un proceso judicial que exigió cooperación internacional y uso avanzado de georreferenciación como medio probatorio.

El caso vuelve a poner en la agenda local los desafíos de seguridad en zonas rurales y de frontera como la provincia de Arica, donde la migración y la movilidad transfronteriza complican el trabajo investigativo. Las autoridades regionales han señalado la necesidad de fortalecer los sistemas de inteligencia y coordinación con Perú para evitar la impunidad en delitos que involucran desplazamientos fuera del país.