Chile está en el centro de un debate sobre la infraestructura que mueve Internet: proyectos activos como Curie, iniciativas como Mistral y el futuro cable Humboldt, y el polémico "China-Chile Express" desataron una crisis diplomática y encendieron advertencias sobre ciberseguridad en los últimos meses.

Bajo el océano corren los cables submarinos de fibra óptica, la columna vertebral de la Internet internacional. La fibra óptica son filamentos de vidrio tan delgados como un cabello que transmiten datos mediante pulsos de luz. Estos cables permiten capacidad y latencia —el retraso en la llegada de datos— que los satélites no pueden igualar.

Hoy existen más de 570 sistemas de cables submarinos activos, que suman 1,4 millones de kilómetros tendidos bajo el mar, una red equivalente a unas 35 vueltas alrededor de la Tierra. Cada nuevo trazado busca mayor capacidad y rutas diversas para evitar cortes. Según Alfonso Kaiser, profesor del Master of Engineering Management de la Universidad de los Andes, los cables modernos pueden alcanzar entre 80 y 100 terabits por segundo, unidad de velocidad (1 terabit por segundo equivale a 1.000 gigabits por segundo). Como ejemplo práctico, "estamos hablando de transmitir 500 películas en 4K por segundo", dijo Kaiser.

La historia de la infraestructura transoceánica empieza con el cable TAT-8, instalado en 1988 para unir Estados Unidos y Europa, construido por AT&T, France Télécom y British Telecom, con un costo de 335 millones de dólares. Desde entonces, la red se multiplicó y especializó. En Chile destaca Curie, un cable de 10.500 kilómetros que conecta Valparaíso con California y Panamá y que está en operación desde 2019. Mistral y el proyecto Humboldt son parte de una nueva ola de iniciativas que buscan mejorar la conectividad regional.

Pero los cables no son sólo fibra y capacidad. Son infraestructura crítica vulnerable. Un corte accidental causado por anclas, pesca de arrastre o fenómenos naturales puede dejar regiones sin conexión. Además, la localización de estaciones de aterrizaje, quién controla el mantenimiento y los acuerdos contractuales plantean riesgos de seguridad y geopolitización. Proyectos como el llamado "China-Chile Express" han motivado sospechas porque, según críticos, pueden dar influencia a actores extranjeros sobre puntos sensibles de la red.

Para un usuario chileno, la relevancia es concreta: la calidad de las videollamadas, la velocidad en servicios en la nube, y la continuidad de transacciones financieras dependen de estas rutas. Si una ruta falla, el tráfico se reencamina por otros cables, pero eso puede aumentar la latencia y reducir la capacidad, como cuando una autopista queda con un solo carril y generan atochamientos digitales.

La respuesta técnica y política pasa por diversificar trazados, exigir cláusulas de transparencia en contratos, y fortalecer la supervisión nacional de puntos de aterrizaje y centros de reparación. También requiere diálogo internacional para estándares de seguridad en una infraestructura que, aunque física, sostiene servicios digitales estratégicos.

La discusión seguirá mientras se construyen nuevos cables y llegan ofertas de inversión. Para Chile, la decisión es doble: aprovechar oportunidades de conectividad y de desarrollo digital, y al mismo tiempo proteger la soberanía y la seguridad de una red que conecta al país con el resto del mundo.