El Banco Mundial publicó un informe global que muestra que, pese a avances legislativos en muchos países, la implementación real de la igualdad de género sigue siendo débil. El estudio reunió información de 190 economías y entrevistó a más de 2.600 expertos jurídicos, académicos, funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil.

El informe distingue tres pilares: marcos legales, medidas que afectan el trabajo y emprendimiento de las mujeres; marcos de apoyo, es decir políticas e instituciones que facilitan la implementación; y percepciones de cumplimiento, que mide cuánto se respetan esos derechos en la práctica. La medición asigna puntajes de 0 a 100, donde 100 es el mejor resultado.

A nivel global, la igualdad económica de las mujeres alcanzó una puntuación media de 67 en derechos legales, 53 en aplicación de la ley y 47 en políticas e instituciones de apoyo. El Banco Mundial sostiene que "menos del 5% de las mujeres de todo el mundo viven en economías que ofrecen algo parecido a la plena igualdad jurídica".

En ese marco, Chile aparece bien posicionado en la región, pero rezagado frente a los países más avanzados. El país obtuvo 79,8 puntos en marcos legales, frente al promedio de 87,9 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que agrupa a economías desarrolladas. Es decir, Chile tiene leyes relativamente sólidas, pero la brecha con la OCDE muestra margen en implementación y apoyo institucional.

El antecedente histórico del informe es su debut en 2010; esta edición incorpora por primera vez una evaluación explícita de la percepción del cumplimiento de las leyes. Eso permite comparar no sólo la existencia de normas, sino su impacto real en la vida cotidiana de las mujeres.

Las consecuencias son concretas. Donde las leyes no se aplican, las mujeres pierden acceso efectivo a trabajo digno, salarios justos y opciones de emprendimiento. Ganan los países que no solo promueven normas, sino que fortalecen inspección laboral, justicia accesible y políticas de cuidado. Pierde la ciudadanía, porque la desigualdad jurídica no aplicada se traduce en menores ingresos familiares y mayor vulnerabilidad social.

Para la política chilena, el informe plantea un dilema previsible: es fácil exhibir avances normativos, pero más difícil mejorar la fiscalización y las instituciones que hacen cumplir esos derechos. En la práctica, esto abre espacio a demandas de la sociedad civil y a revisiones legislativas que vayan acompañadas de recursos y mecanismos efectivos de cumplimiento.

A futuro, el informe sugiere que medir percepciones y ejecución será clave para evaluar progresos. Para el ciudadano común, la diferencia entre tener una ley y que se cumpla marca si una madre puede acceder a una licencia justa, si una emprendedora consigue financiamiento sin discriminación o si una trabajadora recibe el mismo sueldo que un hombre por el mismo trabajo. Sin cambios en la aplicación, las leyes seguirán siendo promesa más que protección.