El fiscal nacional, Ángel Valencia, calificó de "gravísimas" las condiciones que el proyecto de Presupuesto 2027 impone al uso de recursos del Ministerio Público. Lo hizo este miércoles ante la Subcomisión de Presupuestos del Congreso, en la tercera sesión dedicada a la partida 23, la que corresponde a la Fiscalía.
Según informó Emol, el proyecto que ingresó el gobierno de José Antonio Kast fija límites a gastos como horas extraordinarias, viáticos dentro y fuera de Chile, capacitaciones y ciertos convenios y contrataciones. En algunos casos, la Fiscalía tendría que pedir autorización o entregar antecedentes a la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo del Ministerio de Hacienda que administra el gasto público.
La norma más cuestionada, según detalló Ex-Ante, es el punto 11 de la partida. Este condiciona los fondos de los Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Plan Foco, ex Calles sin Violencia. Ese dinero deberá desglosarse antes de ejecutarse, con visación de la Dipres, y la Fiscalía tendrá que enviarle informes mensuales de avance y ejecución. El gasto en personal tiene un tope de $10.136.698 miles, con un máximo de 314 personas a honorarios.
"Si me parece grave lo del problema presupuestario, esto me parece gravísimo", dijo Valencia. Agregó que una de las herramientas más frecuentes de los gobiernos para intervenir en fiscalías autónomas de la región es "el control presupuestario; el castigo presupuestario o el premio presupuestario".
El fiscal puso un ejemplo práctico. Si necesita enviar fiscales a Colombia y le falta plata, tendría que ir a la Dipres a pedir permiso. Piénsalo como tener que explicarle a tu jefe en qué vas a gastar cada peso del viático antes de un viaje que no puedes contar.
Ahí está el problema legal que planteó. En las causas de lavado de activos, antes de formalizar, la Fiscalía tiene prohibido incluso revelar que existe la investigación. "¿Cómo le explico si tengo reserva legal y la Dipres no es interviniente?", cuestionó.
Valencia dijo partir "de la buena fe" y entender que el gobierno busca eficiencia. Pero recordó que la Fiscalía ejecutó el 98% de su presupuesto el año pasado. "Esto no es un problema de descontrol del gasto", afirmó. A su juicio, la autonomía constitucional existe para investigar la corrupción con libertad y para que ningún gobierno use al Ministerio Público contra sus opositores.
En cifras, el proyecto asigna $336.312 millones al Ministerio Público. Las fuentes difieren en la variación. Emol reporta un alza de 13,9% desde $295.375 millones, con nuevos recursos para la Fiscalía Supraterritorial y el Plan Foco. Ex-Ante, citando la presentación de Valencia, habla de un aumento de 4,5% respecto de 2026.
Además, el monto es $12.907 millones menor a lo que pidió la Fiscalía, según Ex-Ante. La diferencia golpea la Ley de Fortalecimiento, que aumenta el número de fiscales, y la Fiscalía Supraterritorial, creada para perseguir al crimen organizado. Esta última recibiría $5.277 millones, $2.010 millones menos de lo solicitado y $3.310 millones bajo lo comprometido en el informe financiero de su ley.
Hacienda atribuyó el mayor recorte, $1.734 millones en personal, a una diferencia de criterio sobre la gradualidad de las contrataciones. Valencia advirtió que "abrir esta ventana puede provocar después en el futuro consecuencias que probablemente no deseamos". La partida sigue en discusión en la subcomisión, y las fuentes no informan una respuesta de la Dipres.
