El caso que investiga el rescate a Plus Ultra sacude el final de la legislatura y fía su futuro en las explicaciones que dé el expresidente del Gobierno, José Luis Zapatero, en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. Los últimos informes del juez José Luis Calama han reconstruido cronológicamente cómo el expresidente operaba presuntamente una “red criminal” —así lo denominan— a través de su entorno.
Son varios informes extensos que analizan las 39 empresas que envuelven el rescate de 53 millones de euros concedidos a la aerolínea, por dónde se movía el dinero, dónde acababa y, sobre todo, qué papel habría jugado en todo esto Zapatero para influir en el actual Gobierno. PUBLICIDAD La argumentación del juez se apoya en mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y volcados de los móviles de personas del entorno de Zapatero.
El juez Calama trata de justificar que las operaciones del expresidente estuvieron fuera de la actividad lobista y se enmarcaron en el terreno del tráfico de influencias. Este delito no es sencillo de demostrar judicialmente, pues la delgada línea que los separa depende de probar que Zapatero ejerció presión para favorecer a una empresa de manera injusta.
A pesar de la contundencia de las afirmaciones del juez, muchas de las pistas, especialmente las que siguen el rastro del dinero, todavía permanecen inconexas, y las afirmaciones de los informes contienen muchas suposiciones. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha dado instrucciones a su Ejecutivo para redoblar su apuesta por Zapatero, a la espera de nuevos informes que puedan incluir información sensible.
Desde Moncloa intentan transmitir que todavía no hay nada concluyente que incrimine a Zapatero ni al Gobierno y que el rescate contó con todas las de la ley al estar avalado por los tribunales europeos y el Tribunal de Cuentas. PUBLICIDAD Aitor Esteban: “Es muy grave y muy preocupante” Pero la realidad que ha dibujado el juez preocupa mucho a los socios del Gobierno.
