El Senado aprobó en general, con 23 votos a favor y 22 en contra, un proyecto que busca suspender u otorgar el cumplimiento de penas alternativas a personas privadas de libertad mayores y con enfermedades terminales. Solo el senador Karim Bianchi, quien figura como independiente, no registró su voto a pesar de estar presente en la Sala. La iniciativa fue presentada por los senadores de la coalición Chile Vamos Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.

El texto propone que el sistema penal considere al privado de libertad “como un sujeto de derechos” con énfasis en la reinserción social y en medidas humanitarias para quienes son de edad avanzada o padecen enfermedades terminales. Sus promotores sostienen que se busca respetar la dignidad de las personas privadas de libertad y aplicar instrumentos de justicia restaurativa. El proyecto ya había sido rechazado en una primera votación en el Senado y volvió a ingresarse tras ser aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

La discusión política se centró en el posible alcance del beneficio. Desde el oficialismo y desde organizaciones de derechos humanos se advirtió que la norma podría favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad que se encuentran recluidos en Punta Peuco, el penal que aloja a ex militares y agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos. Entre los nombres citados en el debate están Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga y Pedro Barrientos, a quien se le imputa el asesinato del cantautor Víctor Jara. El Gobierno, a través del ministro de Justicia Jaime Gajardo, expresó su disconformidad y señaló que el proyecto sería contrario a las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos humanos.

La senadora Yasna Provoste, de la Democracia Cristiana, presentó una reserva de constitucionalidad por considerar que la iniciativa incumpliría tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista, acusó al senador Karim Bianchi de haberse "escondido" al no registrar su voto en la Sala. Tras la aprobación en general, la norma deberá pasar a la Comisión de Constitución del Senado y el plazo para ingresar indicaciones es hasta el 16 de marzo.

El fondo del debate cruza dimensiones jurídicas y políticas. En lo jurídico, expertos señalan que la adopción de medidas humanitarias frente a condenados por delitos de lesa humanidad obliga a un análisis caso a caso y a considerar las obligaciones de Chile ante tribunales internacionales y comisiones de derechos humanos. En lo político, la iniciativa intensifica la polarización entre bloques: por un lado, legisladores que apelan a la compasión y la reinserción; por otro, voces que sostienen que beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad socava la memoria y la reparación a las víctimas.

Para la sociedad chilena y para las víctimas, la tensión es alta. Cualquier avance que aproxime beneficios penales a condenados de Punta Peuco abrirá potentes debates sobre reparación, verdad y la respuesta del Estado frente a crímenes de la dictadura. El trámite en la Comisión de Constitución y las indicaciones que presenten los partidos definirán si la iniciativa se modera, se restringe a criterios muy acotados, o avanza tal como fue aprobada en general, lo que marcará las próximas semanas en la agenda política y judicial del país.