El 18 de marzo, el 1° Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación forzosa de Exportadora Santa Cruz, tras acumular pasivos por $55.000 millones. El liquidador titular, Ricardo Alid Aleuy, y su suplente, Camila Alid Willer, quedaron a cargo de incautar bienes y gestionar la sindicatura. La resolución ordenó que la correspondencia del deudor sea enviada a la sindicatura y prohibió a terceros pagar o entregar mercancía al deudor; además, la audiencia de determinación de derecho a voto y la junta de acreedores quedó fijada para el 30 de abril a las 08:45 horas y se realizará de forma telemática mediante la plataforma Zoom.
Exportadora Santa Cruz es una empresa ligada a los empresarios Guillermo Correa y Jorge Covarrubias. Entre sus acreedores figuran el banco Scotiabank, BCI y Penta Financiero. La quiebra llega tras el fracaso de su segundo proceso de reorganización en menos de 12 meses. En abril de 2023 se había aprobado un plan que se inició el año anterior, pero que no prosperó, tras argumentar la firma la crisis derivada de la pandemia y un incendio en una planta procesadora a fines de 2021.
Los acreedores José Ortega Arcauz y Agrícola Tinguiririca Limitada promovieron la liquidación ante el incumplimiento del acuerdo de reorganización. En la resolución, la magistrada otorgó al liquidador la facultad de incautar todos los bienes, libros y documentos del deudor, y dio un plazo de tres días para entregar cualquier bien o documento a la sindicatura. Los acreedores cuentan 30 días hábiles desde la publicación en el Boletín Concursal para presentar documentos que justifiquen sus créditos. La resolución también ordenó a las empresas de correos redirigir la correspondencia y despachos del deudor directamente a la sindicatura.
Este caso ilustra la fragilidad de financiamiento en el sector de exportación de fruta chileno y podría repercutir en proveedores y cadenas de suministro, al tiempo que marca otro episodio en la historia corporativa de empresas exportadoras que enfrentan cambios estructurales y casos de restructuración en un contexto de pandemia y shocks logísticos. En el corto plazo, la audiencia prevista para el 30 de abril definirá derechos de voto y posibles próximos pasos en el proceso concursal.
