La Contraloría General de la República dio diez días a la ministra Trinidad Steinert y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna, para entregar antecedentes sobre un oficio reservado remitido por la autoridad a la PDI en marzo, antes del retiro de la prefecta Consuelo Peña. La medida se produce en un contexto de cuestionamientos sobre si la ministra se extralimitó en sus atribuciones al solicitar información vinculada a una investigación penal en curso y a una intervención en causas que involucran a personal policial. La petición de pronunciamiento fue impulsada por el diputado socialista Raúl Leiva, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, y busca aclarar posibles antecedentes de ilegalidad o intervención inapropiada.

El oficio, fechado el 13 de marzo, menos de 48 horas después de la asunción de Steinert, estaba dirigido a Cerna y solicitaba antecedentes detallados sobre funcionarios vinculados a diligencias en la Región de Tarapacá, en el marco de la investigación conocida como Clan Chen. El documento, calificado como reservado, pedía información sobre destinaciones, fundamentos de traslados y eventuales antecedentes administrativos de los detectives involucrados. La solicitud generó alertas al interior de la PDI y en el ámbito político, al tratarse de materias relacionadas con causas penales en desarrollo y vinculadas a la antigua labor de la ministra en el Ministerio Público.

Días después, la entonces subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, respondió al requerimiento y, tras una reunión entre Steinert y Cerna el 20 de marzo, fue retirada. La secuencia de hechos desató dudas sobre una posible relación entre el oficio, la respuesta y la salida de la oficial, incrementando las tensiones entre la cartera de Seguridad y la PDI y moviendo fichas en el Congreso, con llamados a que la Contraloría revisara el actuar de la ministra.

Ahora, con el requerimiento de antecedentes, el organismo contralor busca establecer si el oficio se ajustó a derecho o si implicó una intervención indebida en funciones que corresponden al Ministerio Público y a las policías en el marco de investigaciones penales. El pronunciamiento podría tener efectos administrativos y políticos relevantes para el caso.