El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que el Presupuesto 2026, diseñado por el gobierno de Gabriel Boric, "estaba mal hecho" porque no consideró el reajuste del sector público ni el costo de leyes como la reforma previsional, según Emol.
"Partimos el año y advertimos que el Presupuesto estaba mal hecho porque no había considerado el reajuste ni el cumplimiento de leyes, como la ley previsional y el impacto en el gasto de las cotizaciones", señaló el ministro.
La crítica tiene un efecto directo en el debate actual. Quiroz explicó que esas correcciones elevaron el gasto de este año por sobre lo aprobado. Por eso, Hacienda usó el gasto efectivamente ejecutado como base para presentar el alza de 1,5% del Presupuesto 2027. La oposición cuestiona esa forma de medir.
Piensa en un presupuesto familiar que no incluyó el alza del arriendo. Si a mitad de año corriges y sumas ese gasto, el año siguiente parece crecer menos si lo comparas con lo que realmente gastaste y no con lo que habías planificado.
Los expertos consultados por Emol apuntaron a dos problemas: ingresos sobreestimados y gastos obligatorios que no quedaron en el diseño original.
En ingresos, la exdirectora de Presupuestos Cristina Torres señaló que la Dirección de Presupuestos (Dipres) redujo el aporte esperado de la Ley de Cumplimiento Tributario para 2026 desde 0,7% a 0,1% del PIB (el producto interno bruto, el tamaño total de la economía). También bajó la proyección de ingresos tributarios no mineros.
Con esos cambios, los ingresos efectivos proyectados para el año cayeron de $81,0 billones en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre de 2025 a $78,8 billones en el IFP del primer trimestre de 2026.
En gastos, Torres sostuvo que el presupuesto no incorporó el ajuste por inflación esperada en el gasto en personal, algo que también había advertido el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), el organismo técnico que vigila las cuentas fiscales. Ese reajuste costó US$1.668 millones y, tras provisiones y otras medidas, dejó una presión cercana a US$822 millones.
Según Torres, el IFP del primer trimestre reconoció $2,58 billones adicionales de gasto por compromisos legales. Entre ellos están el reajuste, la cotización adicional de los funcionarios públicos por la reforma previsional y obligaciones en salud, educación, cárceles y emergencias.
Alejandro Weber, exsubsecretario de Hacienda y decano de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), dijo que la ley "no estaba completamente financiada". Recordó que la administración anterior anunció un alza del gasto cercana a 1,7%, pero luego se supo que había unos US$1.000 millones sin financiamiento.
Weber agregó que el primer IFP de la actual administración mostró un déficit estructural de 3,7% del PIB. Es decir, el Estado gasta más de lo que recauda incluso descontando los vaivenes del ciclo económico y del precio del cobre.
Según Weber, el gobierno pidió al Congreso US$6.400 millones de mayor endeudamiento para financiar el presupuesto de este año. Estimó que el gasto ejecutado superará al inicial en unos US$1.200 millones.
El exdirector de Presupuestos Matías Acevedo cifró en US$2.618 millones las obligaciones permanentes que no estaban incluidas, principalmente por el reajuste del sector público. Esa cifra será parte de la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso.
