El Ministerio del Medio Ambiente cerró el 12 de febrero el proceso de consulta pública para crear una Red de Salares Protegidos en el borde este del salar de Atacama; en las últimas horas del trámite llegaron observaciones de empresas vinculadas a la zona, entre ellas Minera Zaldívar, ligada a Antofagasta Minerals, y Wealth Minerals Chile, que cuestionan la forma y el fundamento técnico del proceso.
Las observaciones de Minera Zaldívar se basan en que la propuesta de protección se superpone con un proyecto aprobado en 2023 y que, según la compañía, afectaría inversiones ya comprometidas. La firma, parte de Antofagasta Minerals, señaló además que "el Ministerio de Medio Ambiente ha omitido la publicación de la información científica, técnica y jurídica sobre cuya base se funda la propuesta", y pidió que se entreguen los antecedentes que sustenten el polígono propuesto. El proyecto de Zaldívar figura con una inversión aproximada de US$1.300 millones, según la empresa.
Wealth Minerals Chile planteó en su observación que el área protegida propuesta se superpone con concesiones de litio de la compañía. En paralelo, otras empresas y actores del sector minero, entre ellas Codelco, Albemarle y compañías vinculadas al grupo Errázuriz, así como el gremio Sonami, presentaron a su vez comentarios que reclaman insuficiencia de información y posibles conflictos entre la protección y proyectos existentes.
La propuesta que motiva la consulta fue incluida en una decisión del Comité de Ministros para la sustentabilidad y el cambio climático en marzo de 2024, que estableció criterios para la creación de la red de salares. En su presentación, Minera Zaldívar invoca esos criterios, que contemplan la exclusión de zonas con presencia de faenas mineras de explotación o proyectos en desarrollo. En concreto, la propuesta de protección abarca un área que las autoridades han estimado en torno a 76 mil hectáreas al borde este del salar.
Uno de los puntos de disputa es el polígono denominado ACMU Soncor, donde ACMU significa Área de Conservación de Múltiples Usos. Zaldívar afirma que en el expediente no hay antecedentes suficientes para justificar científicamente la creación de un ACMU en esa porción del salar, y solicita que se expliquen las razones técnico-científicas que motivan el trazo propuesto.
Este conflicto llega en un contexto en que Atacama concentra parte importante de la inversión minera proyectada en Chile, con una proporción significativa de proyectos greenfield por miles de millones de dólares, y donde la tensión entre conservación y explotación de recursos, especialmente de litio, ya ha provocado disputas administrativas y judiciales en el pasado. La llegada de observaciones en el cierre del proceso complica el calendario, porque el Ministerio del Medio Ambiente deberá ahora analizar cientos de comentarios y definir si modifica los polígonos, complementa antecedentes o mantiene la propuesta.
Hasta el cierre de esta nota no había una respuesta pública del Ministerio del Medio Ambiente sobre las observaciones recién presentadas. El siguiente paso formal es el análisis técnico y jurídico de las observaciones por parte del servicio, tras lo cual podrían abrirse vías administrativas adicionales o recursos judiciales por parte de compañías afectadas.
