El 14 de octubre pasado, las universidades Finis Terrae, De las Américas, Autónoma, Central, Bernardo O’Higgins, Mayor y Santo Tomás presentaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una consulta no contenciosa para que el tribunal se pronuncie sobre el mercado de la educación superior y la forma en que se han fijado los aranceles asociados a la gratuidad. En su escrito, advierten que el mecanismo de fijación de precios los expone a pérdidas por 35.347 millones de pesos y a la posibilidad de quedar fuera del mercado, afectando su viabilidad institucional.

La disputa se produce en el marco del Presupuesto de la Nación, según el cual la política de gratuidad dispondrá este año de US$ 2.715 millones, un aumento real de 7,1% respecto de 2025, es decir US$ 180,7 millones adicionales. Las universidades recurrentes sostienen que esos recursos han terminado concentrándose en las universidades estatales agrupadas en el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, conocido como CRUCH, y en las del llamado G9, grupo de universidades públicas no estatales, mientras que las privadas que se adhirieron más tarde a la gratuidad reciben menor financiamiento per cápita.

En su presentación al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las siete casas de estudio plantean una lectura crítica: acusan que la gratuidad, concebida como un derecho social durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, ha mutado en un mecanismo de control de precios y redistribución que perjudica selectivamente a ciertas instituciones. "La gratuidad llegó para quedarse y será un derecho social garantizado, no un bien de consumo", frase que se consolidó en la agenda pública durante ese ciclo gubernamental, aparece en el telón de fondo de la discusión sobre cómo equilibrar equidad y sustentabilidad financiera.

Las universidades recurrentes además subrayan que forman a una proporción importante de estudiantes vulnerables y que reciben menos recursos por alumno que las instituciones estatales, argumento que eleva la tensión política del caso: no se trata solo de números y balances, sino de acceso y de quién absorbe los costos de la inclusión. El Consejo de Rectores y otras casas de estudio ya ingresaron al debate, según las partes, ampliando así el conflicto más allá de las siete instituciones demandantes.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ahora tiene la tarea de delimitar si la configuración actual de la política de gratuidad puede constituir una práctica de fijación de precios o si, por el contrario, se trata de efectos colaterales de un diseño de financiamiento público. La decisión del tribunal puede redefinir la distribución de recursos entre universidades y, en la práctica, incidir en la continuidad de modelos institucionales que se sostienen sobre matrículas de estudiantes vulnerables. Mientras tanto, la discusión revive preguntas centrales sobre la gratuidad: cómo compatibilizar el acceso universal con la diversidad institucional y qué equilibrios fiscales y regulatorios exige una política de largo plazo.