La Comisión de Hacienda del Senado discutió el proyecto de ley que transfiere el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, conocido como SIS, desde las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, al Seguro Social establecido en la reforma de pensiones. El tema se volvió una de las primeras diferencias entre el nuevo regulador y la industria, a seis semanas de haber asumido el cargo. En la sesión, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, discrepó con representantes de las AFP sobre la interpretación del traspaso. Por un lado, León Fernández de Castro, presidente de la Asociación de AFP, afirmó que la reforma ya resolvió el pleno traspaso de las funciones y sostuvo que la administración del SIS debe trasladarse, que las comisiones médicas deberían radicarse en el Instituto de Previsión Social, y que el traspaso de recursos debe hacerse desde el día uno. Por otro, se aclaró que el proyecto, a través del Fondo Autónomo de Protección Previsional, financia la licitación, adjudicación y contratación del SIS, con la responsabilidad final del pago de beneficios. Según datos de 2024, un 46% de los pensionados por invalidez y un 58% de los de sobrevivencia no estaban cubiertos por el SIS. El regulador reforzó su postura al explicar que el proyecto no traspasa el proceso de calificación de invalidez al Fondo Social, ya que ese rol está ligado a las AFP. En ese marco, Cortez señaló que esos procesos no pueden separarse de las funciones de las AFP, que agrupan a una base de afiliados mayor que la cubierta por SIS, lo que complica el traspaso total. En la sesión también estuvo presente Alejandro Alzérreca, titular de la Asociación de Aseguradores, y se discutió el alcance de la licitación y la gestión de recursos dentro del esquema propuesto. El debate refleja las tensiones entre el diseño de la reforma de pensiones y el rol vigente de las AFP en la administración de beneficios y afiliados, un tema que podría definir los próximos avances legislativos y su impacto sobre pensionados y trabajadores.