El gabinete del estado de Victoria, en Australia, aprobó el lunes avanzar con un proyecto de ley que establecería un derecho legal a teletrabajar dos días a la semana para quienes puedan hacerlo, y la premier Jacinta Allan confirmó que la norma no incluirá exenciones para las pequeñas empresas.

Jacinta Allan, premier de Victoria, defendió la medida como una cuestión de equidad entre trabajadores del sector público y privado y entre empleados de grandes compañías y de pequeñas empresas. Allan dijo que el gobierno consultó ampliamente con el mundo empresarial y que aplicar la norma a todos los empleadores, sin distinción de tamaño, era lo justo. En sus declaraciones incluyó la frase "Si puedes trabajar desde casa para una pequeña empresa, mereces los mismos derechos que alguien que trabaja para un gran banco".

El anuncio marca un cambio respecto a comentarios previos de la premier, cuando había dejado abierta la posibilidad de eximir a comercios y empresas muy pequeñas. El gobierno estatal ha presentado la reforma como un pilar de la campaña de reelección del Partido Laborista australiano, y fuentes oficiales indicaron que habrá anuncios complementarios durante la semana de sesiones parlamentarias.

La propuesta ya genera tensiones: organizaciones empresariales criticaron la iniciativa y pidieron salvaguardas para compañías con menos de 50 trabajadores. El Council of Small Business Organisations Australia, una agrupación que representa a pymes australianas, afirmó que las pequeñas empresas fueron insuficientemente consultadas y que la medida podría tener impactos operativos significativos. Matthew Addison, presidente de ese consejo, dijo que las pymes son la columna vertebral de la economía de Victoria y que han sido "completamente relegadas" en el diseño de la política.

Otro factor práctico que los analistas resaltan es la incertidumbre sobre la aplicación. Victoria, como otros estados australianos, cedió años atrás muchas de sus competencias en materia de relaciones laborales al gobierno federal, el Commonwealth de Australia, lo que complica la fiscalización y sanción de incumplimientos si la norma entra en conflicto con normas federales o con la jurisdicción laboral central.

La iniciativa también responde a un debate político nacional. En la elección federal de 2025 el teletrabajo fue un punto conflictivo, y el líder conservador Peter Dutton, jefe de la oposición federal, terminó retrocediendo en propuestas para restringir el trabajo remoto en la función pública tras la reacción pública. El planteamiento de Victoria busca capitalizar ese descontento y posicionar al gobierno Laborista como promotor de derechos laborales modernos.

Para América Latina y Chile, la propuesta australiana ofrece una referencia práctica y política. En Chile existen marcos normativos y debates sobre el teletrabajo que se activaron con la pandemia; la decisión de un estado importante como Victoria de legislar sin exenciones podría reavivar discusiones en sindicatos, gremios y parlamentos latinoamericanos sobre la extensión de derechos, la carga regulatoria para pymes y los mecanismos de fiscalización.

Quedan preguntas abiertas: cómo se definirá legalmente quién "puede razonablemente" teletrabajar, qué excepciones técnicas podrían admitirse por seguridad o funcionamiento, y qué organismo fiscalizará el cumplimiento si hay conflicto con la legislación federal. El proyecto avanzará ahora por la legislatura estatal y será seguido de cerca por empleadores, sindicatos y gobiernos, dentro y fuera de Australia.