La Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, dictó la obligatoriedad del teletrabajo en el sector público durante la emergencia energética, vigente entre el 1 y el 14 de marzo. En ese marco, el Parlamento informó que diversas áreas dejarán de atender de forma presencial hasta el viernes 13 de marzo.

La medida responde a la deflagración y rotura de un ducto en la región de Cusco, atribuida a la operación de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), que interrumpió el suministro de gas natural y afectó el transporte, la industria y servicios esenciales. Servir fijó la estrategia nacional de racionalización energética, y el Congreso acató la instrucción adaptando sus unidades técnicas y administrativas.

El comunicado del Congreso detalla que pasarán a teletrabajo, entre otras, el Departamento de Investigación Parlamentaria; el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios; la Biblioteca; la Oficina de Cooperación Internacional; la Oficina Legal y Constitucional; las áreas de Planeamiento, Modernización y Asesoría Jurídica; y unidades administrativas como la de Recursos Humanos, Planeamiento y Presupuesto, asuntos financieros y logística. Estas dependencias concentran tareas de análisis, asesoría, planeamiento y soporte que, según el Parlamento, pueden desarrollarse fuera de la sede legislativa.

El documento añade que, "debido a la naturaleza de las actividades y por necesidad de servicio, las demás unidades orgánicas... deben considerar un listado de personal mínimo indispensable". Es decir, se mantendrá presencia reducida para funciones críticas y trámites urgentes.

Históricamente, los gobiernos han recurrido al teletrabajo para mantener la operación del Estado en emergencias, desde desastres naturales hasta la pandemia de 2020. En ese contexto, la decisión busca minimizar el gasto energético y proteger la continuidad operativa del Congreso, pero también genera tensiones sobre la atención al público y la supervisión del trabajo remoto.

Quién gana y quién pierde es claro: ganan las áreas técnicas que pueden seguir funcionando sin presencia física, y la administración del Congreso que reduce consumo y riesgo operativo. Pierden temporalmente los trabajadores con funciones presenciales y los ciudadanos que necesitan atención en persona para trámites legislativos o consultas, que podrían experimentar demoras.

Para Chile y la región, la relevancia está en la gestión institucional de una crisis energética que no sólo afecta producción y transporte local, sino que obliga a ajustar servicios públicos. El próximo paso será comprobar si la medida se mantiene más allá del 13 de marzo y cómo TGP y las autoridades peruanas resuelven la reparación del ducto y la garantía del suministro.