Una indicación del Ejecutivo dentro de su megarreforma busca recuperar, según cálculos oficiales, más de 200 millones de dólares mediante la habilitación de convenios de pago exclusivos para deudores del Crédito con Aval del Estado, conocido como CAE, con la Tesorería General de la República, la TGR. Para entenderlo, CAE es el crédito que el Estado garantiza para facilitar estudios superiores, y la TGR es el organismo público encargado de las finanzas del fisco. La noticia que cruza hoy los pasillos de La Moneda y la Cámara de Diputados señala que la comisión de Hacienda de la Cámara aprobó a medias el artículo 34 transitorio que el Ejecutivo añadió para avanzar en la reforma. El texto habilita una condonación parcial del remanente de pago para morosos que pacten convenios con la Tesorería, una opción que busca reducir deudas sin llegar a un perdón total. 90 días desde la publicación de la ley en el Diario Oficial se concede a la TGR para otorgar estos convenios a deudores con garantía estatal, que hoy suman unas 556 mil personas, con un tope de 48 cuotas. Esos convenios se convertirán a pesos usando el valor de la Unidad Tributaria Mensual, o UTM, a esa fecha, y no llevarán reajustes ni intereses.** La comisión, con votos oficialistas, además dejó fuera los incisos que permitían a la Tesorería condonar hasta el 100% del saldo remanente tras cumplir ese convenio, aunque el gobierno no descarta reponer esa idea en Sala. En paralelo, el Ejecutivo ya tiene a la vista la fórmula que podría aplicar para los convenios de pago ya aprobados y, a la vez, ampliar la base de personas que regularicen su situación, así como estimaciones de recaudación por esta vía. Según lo publicado por La Tercera, los convenios se dividirían en tramos de ingresos. Para quienes ganen menos de 1 millón de pesos brutos mensuales, el pie sería de al menos una UTM, y las cuotas, recordando, serían de una UTM, con un máximo de 48 para cualquier tipo de convenio. El siguiente tramo cubre a quienes ganen entre 1 y 2 millones de pesos mensuales brutos, donde el pie sería un millón de pesos o el 10 por ciento de la deuda total, optándose siempre por la opción de menor valor. Por ejemplo, si una persona se encuentra en ese rango, la información disponible indica que ese sería el marco general, pero el texto se interrumpe justo al describir un caso concreto. La historia sigue en desarrollo, y desde Chile se analizan los impactos prácticos para miles de personas que viven con CAE y podrían regularizar su situación mediante estos convenios. En resumen, el gobierno busca una vía para reducir deudas mediante pagos en UTM y cuotas limitadas, al tiempo que evalúa si se mantiene o no el eventual perdón parcial o total del saldo remanente. Las definiciones y decisiones finales dependen de la discusión en Sala y de futuras publicaciones oficiales. En este contexto, los próximos pasos dependerán de la aprobación legislativa y de la respuesta de los deudores, así como de la evaluación de impactos en recaudación y en la equidad educativa del país.