En Ciudad de México, la tarde del 2 de marzo varias figuras de Morena se reunieron en torno a la entrega de una propuesta de reforma electoral, pero hasta ahora el texto no aparece registrado en ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue visto llegando a Palacio Nacional, y luego llegó Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, a la residencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, confirmó a las 7:44 de la mañana que la iniciativa aún no ha sido recibida en dicho órgano legislativo. En los comunicados y declaraciones disponibles no hay constancia oficial de la entrega del proyecto a la Cámara de Diputados ni al Senado. En ese punto hay además una inconsistencia de fechas entre fuentes; algunas registran actos el 2 de marzo y otras hacen referencia al 2 de febrero, y no se ha aclarado esa discrepancia.

El contenido anticipado por los dirigentes incluye tres cambios mediados por el gobierno de Claudia Sheinbaum: mantener la representación proporcional, limitar el número de diputados a 300, y reducir el financiamiento de partidos y de las autoridades electorales. La bancada de Morena en el Senado, según declaraciones públicas de Ignacio Mier Velazco, respaldará la reforma. El Partido Verde Ecologista de México, PVEM, dijo que coincide en un “90 o 95%” con lo presentado hasta ahora, pero su coordinador en el Senado, Manuel Velasco, señaló que la bancada seguirá analizando el texto definitivo. “Vamos a analizarla a detenimiento”, dijo Velasco a la prensa.

Políticamente, la iniciativa reaviva debates clásicos en México sobre representación, financiamiento público y tamaño del Congreso. Históricamente, las reformas electorales han alterado la competitividad partidista y la capacidad de representación de las minorías; cambios en el número de escaños y en recursos tienden a favorecer a las fuerzas mayoritarias y a presionar a los pequeños partidos. En ese sentido, si se reduce el número de diputados y el financiamiento, los perdedores probables serían las bancadas minoritarias y nuevos partidos. Los ganadores serían los partidos con estructura territorial consolidada, como Morena y sus aliados.

Para el ciudadano común, las promesas de ahorro y menor tamaño del Congreso pueden resultar atractivas en clave de eficiencia y ahorro fiscal, pero también implican menos representación y posibles sobrerrepresentaciones regionales. La propuesta además desplaza una porción importante de la decisión pública hacia el proceso legislativo, donde se definirán medidas concretas sobre criterios de asignación de curules, umbrales electorales y montos concretos de financiamiento.

El siguiente paso formal es la presentación oficial del proyecto ante la Cámara de origen, que según las declaraciones podría ser la Cámara de Diputados; una vez ingresado, tendrá que seguir los trámites legislativos, incluidas comisiones y votaciones en ambas cámaras. En ese proceso se definirán las textuales reformas, las reservas de los partidos y los plazos para su eventual entrada en vigor, con efectos directos sobre el sistema de partidos y la representación en México y, por extensión, sobre debates similares en América Latina.

Mientras no exista un registro oficial del proyecto, persiste la incertidumbre sobre el alcance final de la reforma y sobre el calendario político para su tramitación.