La administración de Donald Trump revocó las visas a tres funcionarios del gobierno chileno, según comunicados oficiales, y esa decisión se produjo después de una serie de reuniones entre el embajador de Estados Unidos en Chile y ministros chilenos. El hecho estalló cuando el Presidente Gabriel Boric se encontraba en Rapa Nui, a 19 días del cambio de mando.
El senador republicano Marco Rubio, identificado en los comunicados como portavoz de la medida, señaló que los individuos acusados «dirigieron, autorizaron, financiaron y prestaron apoyo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio». Como consecuencia, agregó Rubio, esas personas y sus familiares directos «no podrán ingresar a Estados Unidos y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían». En los comunicados no se precisaron los nombres de los afectados.
El Ejecutivo chileno respondió señalando que realiza gestiones para confirmar si entre los aludidos están Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes de Chile; Claudio Araya, subsecretario de Telecomunicaciones de Chile; y un funcionario técnico cuya identidad no ha sido verificada por el gobierno. La Cancillería chilena emitió una declaración pública en la que «condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional», según el comunicado oficial.
Desde Rapa Nui, el Presidente Gabriel Boric rechazó la medida, sosteniendo que «como Jefe de Estado, como Presidente de Chile, nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país. Chile es y será autónomo en las decisiones que tome». El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de la acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que el gobierno chileno no ha recibido aún una notificación oficial.
Esta sanción, calificada en comunicados como inédita contra Chile, abre una crisis diplomática en pleno traspaso de mando. En lo inmediato, complica la coordinación entre ambos gobiernos en áreas sensibles, como seguridad regional y telecomunicaciones. También tiene un impacto concreto en las personas afectadas y en sus familias, que pierden la posibilidad de ingresar a Estados Unidos y podrían ver restringida su movilidad internacional.
Políticamente, la declaración de Rubio apuntó a favorecer una narrativa que relaciona la medida con el fin del gobierno de Boric y aplaude una mayor cooperación con la próxima administración de José Antonio Kast. En esa ecuación, el ganador aparente es el eje político que promueve un acercamiento más firme con Washington, mientras que el gobierno saliente pierde espacio diplomático y simbólico en sus últimos días.
Históricamente, Estados Unidos ha utilizado restricciones de visado como herramienta de presión en América Latina, pero no existen antecedentes públicos de sanciones de este tipo dirigidas a funcionarios chilenos de alto rango, lo que explica la calificación de «inédita» en los comunicados. Para el ciudadano común, la principal consecuencia es la mayor incertidumbre sobre la estabilidad institucional y la capacidad del Estado para resguardar decisiones soberanas sin repercusiones externas.
El cierre de la crisis dependerá de la información que entregue la embajada estadounidense y de las explicaciones que pida y reciba el gobierno chileno. Si no se aclaran los alcances y los nombres, la tensión bilateral puede prolongarse y afectar la agenda de cooperación en seguridad y telecomunicaciones en los próximos meses.