En la mañana, el gobierno aceptó una propuesta impulsada por la Unión Demócrata Independiente, o UDI, para restringir la gratuidad universitaria como parte de los proyectos de seguridad escolar. El primer proyecto, que modifica el Código Penal para elevar sanciones por violencia en las escuelas, fue derivado a la Comisión de Constitución. En cambio, el segundo proyecto, que incluye medidas de control en los establecimientos, como la revisión de mochilas y la inhabilidad de acceder a la gratuidad universitaria, quedó simplicemente en manos de la Comisión de Educación, sin ser derivado a otras instancias. Este segundo paquete es el que ha generado la mayor controversia en la Cámara, pues es la medida que históricamente ha sido empujada por diputados gremialistas para frenar la gratuidad, aunque nunca prosperó en el Senado por falta de apoyo transversal. En el Ejecutivo señalan que se trata de un gesto hacia la bancada de la UDI, sin embargo deja a la oposición articulando un relato en contra de la agenda de seguridad escolar presentada este martes por el Presidente José Antonio Kast. Una de las voces críticas fue Daniela Serrano, jefa de bancada del Partido Comunista de Chile en la Cámara e integrante de la Comisión de Educación, quien afirmó en un punto de prensa que la iniciativa “delimita que cualquier paralización de clase atenta contra la convivencia educativa, es decir, aquellos estudiantes que legítimamente se pongan a servicio de una movilización estudiantil, ya le estaríamos restringiendo el derecho a la gratuidad”. En la derecha lo hicieron en reiteradas ocasiones, intentaron hacerlo en la ley de presupuestos, indicaron desde su entorno. Este cruce de versiones refleja la tensión entre avanzar en seguridad escolar y mantener beneficios sociales, un eje que marcará las próximas sesiones de la Cámara.