El Ministerio de Salud (Minsal) respondió a una columna publicada el 19 de febrero y defendió el rol del Estado en el abordaje del cáncer, firmando la réplica la ministra Ximena Aguilera y el subsecretario Bernardo Martorell. En la carta, la cartera ofrece cifras y medidas que, dicen, muestran avances en acceso, diagnóstico y suministro de fármacos, pero también advierten sobre la necesidad de mantener la inversión pública.

Según la misiva y datos del Plan Nacional de Cáncer del Minsal, el cumplimiento de las garantías del sistema GES, las Garantías Explícitas en Salud, es de 98,1% en 2025 frente a 97,8% en 2021. El Ministerio señala que ese mejor cumplimiento se produjo aun cuando creció el número de garantías por cáncer, desde 3.077.760 en 2021 a 5.477.932 en 2025, y que la red pública otorgó 1.587.105 atenciones oncológicas solo en 2025.

Los firmantes subrayan avances concretos: disminución de algunas demoras quirúrgicas (por ejemplo, cirugías de vesícula y cáncer gástrico según la carta), una reducción general de los retrasos en 19 problemas oncológicos al 0,40% del total de garantías frente al 0,44% de 2021, y una caída en los tiempos de entrega de medicamentos oncológicos de 60 a 18 días gracias a compras centralizadas y acuerdos de riesgo compartido con la industria.

En materia de prevención, la carta destaca la incorporación de métodos moleculares para el tamizaje de cáncer cervicouterino y estrategias móviles para llegar a zonas rurales. También menciona la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), que previene la mayoría de los cánceres cervicouterinos. Estas medidas están en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre uso de pruebas moleculares y vacunación para reducir la carga de ese cáncer.

El Minsal informa además que entre 2022 y 2025 el Plan Nacional de Cáncer invirtió más de $269 mil millones en infraestructura y equipamiento de alta complejidad, como aceleradores lineales, tomógrafos y mamógrafos, con el objetivo de aumentar la resolutividad regional.

Esos datos permiten una lectura positiva, pero no encubren desafíos persistentes. La misma carta reconoce que el 80% de las personas que sufren retrasos en garantías se atienden en la red pública, lo que visibiliza brechas territoriales y de capacidad. Además, cifras agregadas de cumplimiento no muestran cómo varía la espera según la región, el tipo de cáncer o el tramo de la cadena de atención, desde la detección precoz hasta la rehabilitación.

Para mejorar resultados, especialistas en políticas públicas y oncología suelen recomendar medidas complementarias a las anunciadas por el Minsal: reforzar la atención primaria para derivaciones oportunas, aumentar especialistas en regiones para reducir dependencias de la capital, consolidar centros oncológicos regionales con soporte multidisciplinario y transparentar indicadores de demora por patología y por tramo de atención. Muchas de estas propuestas coinciden con acciones que el Plan Nacional de Cáncer ya incluye, pero requieren financiamiento sostenido y monitoreo independiente.

La carta de la cartera también advierte sobre la «constante amenaza a la inversión fiscal» y pide que el debate público considere que detrás de cada garantía retrasada hay personas que necesitan respuestas oportunas. En la práctica, eso implica que mantenciones presupuestarias, continuidad de programas como las compras centralizadas y seguimiento público de metas serán decisivos en los próximos meses.

La discusión queda abierta: el Minsal presenta cifras y medidas que muestran avances verificables en acceso y abastecimiento, pero persisten preguntas sobre equidad regional, tiempos de espera desagregados y sostenibilidad financiera. Para que los logros se traduzcan en mejores supervivencias y calidad de vida, será clave combinar inversión en tecnología con más personal especializado, transparencia en indicadores y evaluación independiente de resultados.