Pequeñas empresas privadas cubanas y algunas firmas internacionales asentadas en la isla han comenzado a importar directamente combustible, según fuentes citadas por EFE. La medida busca aliviar la escasez generada por las sanciones energéticas de Estados Unidos, pero choca con una burocracia densa y con el riesgo legal que plantean las restricciones estadounidenses.
Hasta ahora, el Estado cubano tenía el monopolio de la importación de petróleo y combustibles, mediante buques propios o arrendados, y controlaba la venta minorista en la isla. En noviembre pasado el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva, anunció que en “breve” se permitiría a empresas extranjeras y mixtas importar su propio combustible cuando fuera necesario. Esa apertura, que el Gobierno ha explicado en reuniones con empresarios, todavía está en fase piloto y su aplicación práctica enfrenta trámites y condiciones adicionales.
Fuentes empresariales destacaron que las compras son por volúmenes pequeños y para consumo directo de las compañías, no destinados a abastecer la demanda nacional. Cuba necesita alrededor de 110.000 barriles diarios, de los que unos 40.000 provienen de producción propia, con lo que los lotes contratados por privados son insuficientes para la crisis energética general.
El esquema operativo implica usar depósitos isotanque T11, contenedores cilíndricos de acero inoxidable con capacidad entre 21.000 y 26.000 litros, y almacenarlos en instalaciones estatales o espacios certificados por seguridad. Las autoridades han dejado claro que el combustible importado por particulares debe destinarse exclusivamente a autoconsumo y que la reventa está prohibida.
En el plano geopolítico, la maniobra se desarrolla bajo la sombra de las sanciones de Washington. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, administra y aplica esas restricciones, que pueden penalizar a terceros que faciliten comercio con entidades cubanas sancionadas. En los últimos días el embajador cubano ante la ONU advirtió que La Habana está lista para enfrentar un “bloqueo total”, una advertencia que refleja la escalada retórica y el riesgo de nuevas medidas, según reportes previos.
Las reacciones son mixtas: empresarios privados y algunas compañías extranjeras ven la posibilidad como una “vía de oxígeno” para operaciones concretas, mientras que analistas y operadores marcan incertidumbres legales y logísticas. El mismo Gobierno cubano coordina los pasos, pero conserva controles estrictos sobre el flujo y uso del combustible.
Qué importa esto para Chile y América Latina. Primero, muestra cómo estados bajo presión estadounidense buscan mecanismos privados y mixtos para sortear sanciones, lo que puede crear redes de suministro alternativas que involucren a intermediarios regionales. Segundo, cualquier escalada en el Caribe puede encarecer fletes, seguros y logística marítima, costos que terminan repercutiendo en mercados de combustibles y cadena logística regionales, incluido Chile, que depende de importaciones de hidrocarburos y gas licuado. Tercero, la persistente escasez en Cuba mantiene factores de presión migratoria y humanitaria que afectan a países vecinos y a las relaciones regionales.
La situación sigue siendo fluida y con información parcial. Lo que está claro es que las importaciones privadas alivian casos puntuales, pero no resuelven la falta estructural de combustible en la isla. Habrá que observar si Washington aplica sanciones a terceros por estas operaciones, y cómo regula La Habana el nuevo canal sin abrir espacios para el mercado negro.
