En la reunión de comités del Senado en el Congreso de Santiago, los jefes de bancada acordaron no incluir el trámite del proyecto de sala cuna universal entre las últimas materias que se debatirán antes del traspaso de mando. La decisión reduce a prácticamente nulo el margen del Ejecutivo para despachar la iniciativa antes del 11 de marzo.

A pocas cuadras, en La Moneda, el gobierno del presidente Gabriel Boric afinaba una propuesta técnica sobre la iniciativa, alojada en la Comisión de Educación del Senado. Pero esa gestión no cambió la postura de los senadores, incluidos varios del oficialismo, que en la práctica descartaron extender la semana legislativa para incorporar el proyecto.

La exclusión se definió en una discusión de una hora entre los jefes de comité. Una alternativa era convocar sesiones extraordinarias el jueves o el viernes, opción que no se consideró en la reunión, según asistentes. Ello dejó como única vía visible que el Presidente Boric, en ejercicio de sus facultades constitucionales, cite una sesión extraordinaria del Senado, medida que requiere primero que la Comisión de Educación despache el texto.

Gustavo Sanhueza, senador chileno y presidente de la Comisión de Educación del Senado, confirmó a este medio que la próxima sesión de la comisión quedaría fijada recién para este miércoles. Esa calendarización mantiene un escenario adverso para el gobierno, dado que el despacho del proyecto es condición previa para cualquier convocatoria extraordinaria.

El hecho ocurre en el cierre del período legislativo, cuando la Cámara Alta solo tiene ventanas limitadas de trabajo y el 10 de marzo está prevista una sesión para despedir a los senadores que abandonan sus escaños. En la práctica, los plazos y la mecánica parlamentaria complican un trámite acelerado.

Históricamente, los cierres de mandato suelen tensionar la relación entre Ejecutivo y Congreso, porque el tiempo obliga a priorizar iniciativas y a negociar apoyos rápidos. En este caso, la iniciativa del gobierno, que busca universalizar el acceso a sala cuna, enfrenta el escollo de no contar con una mayoría suficiente para apurar su discusión en las últimas jornadas.

Quién gana y quién pierde está claro en términos políticos. El gobierno pierde la posibilidad de reivindicar un avance social antes del cambio de mando. Los senadores que bloquearon la inclusión ganan capacidad de negociación y margen político frente a Palacio. Los ciudadanos pierden tiempo de implementación: familias y padres trabajadoras y trabajadores que esperaban la universalización seguirán sin certeza sobre plazos y cobertura.

Las consecuencias prácticas son inmediatas y previsibles. Si la Comisión de Educación no despacha el proyecto esta semana, la iniciativa no podrá ser votada en sala antes del 11 de marzo. Eso traslada la decisión al próximo gobierno o deja la reforma en stand by, con mayor dificultad para recuperar tracción legislativa.

El siguiente paso formal es la sesión de la Comisión de Educación el miércoles, y desde allí dependerá que se avance o no hacia una convocatoria extraordinaria. Si no se produce despacho, el proyecto quedará en manos de la agenda legislativa que definirá la próxima administración.

En ese contexto, la discusión política no es solo sobre el contenido de la ley, sino sobre el calendario y la capacidad de acuerdos en el Congreso en un tramo final de mandato. Para las familias que esperan mayor acceso a cuidados infantiles, la incertidumbre será la primera y palpable consecuencia.