En medio de la tensión diplomática con Estados Unidos por la revocación de visas, el subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya aseguró que la tramitación de la concesión del cable submarino conocido como Chile-China Express está en su fase final y que la decisión debería conocerse en pocas semanas.
La controversia escaló luego de que Washington retirara las visas a tres autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entre ellas el ministro Juan Carlos Muñoz, el propio Claudio Araya y Guillermo Petersen, jefe de gabinete. Araya, en entrevista con El Mercurio, explicó que el proyecto todavía debe sortear análisis técnicos y administrativos antes de emitir un decreto de autorización. Señaló que la empresa interesada ya subsanó las observaciones técnicas requeridas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, conocida como Subtel, y que la solicitud original data de noviembre.
Según Araya, hay un consorcio de empresas chinas que busca tender un enlace entre Valparaíso y Hong Kong para mejorar la conectividad hacia Sudamérica. El avance del proyecto estuvo bajo escrutinio de Estados Unidos, lo que motivó las medidas diplomáticas mencionadas. También se ha reportado que parte del impulso al proyecto provino desde Subtel y que no habría contado con respaldo pleno del ministro Muñoz, una versión que hasta ahora figura como reclamo interno y no como una decisión formalmente documentada.
El caso conecta con un precedente internacional: Estados Unidos mantiene un recelo histórico frente a la participación china en infraestructura digital y de telecomunicaciones, como se ha visto en debates sobre empresas como Huawei. Ese contexto explica por qué una iniciativa puramente técnica adquiere dimensión de política exterior y seguridad nacional.
Para el ciudadano común, la decisión tiene dos caras claras. Si se autoriza, el país podría ganar mayor capacidad de tránsito de datos y potencialmente mejores servicios de conectividad internacional, beneficios tangibles para empresas y usuarios. Sin embargo, la aprobación también puede traducirse en costos diplomáticos con Estados Unidos y en presiones sobre la transparencia del proceso regulatorio, lo que afecta la confianza pública en cómo el Estado administra infraestructura crítica.
Políticamente, ganan los actores que buscan diversificar proveedores de infraestructura digital y los interesados en acelerar proyectos de conectividad. Pierden, en términos de influencia, quienes deben gestionar el costo diplomático con Estados Unidos y quienes cuestionan la trazabilidad técnica y administrativa del proceso.
En ese contexto, la ruta administrativa sigue siendo clave: la Subtel prepara el decreto y, según Araya, todo dependerá de si los requisitos técnicos quedan completamente acreditados. La decisión en semanas marcará no solo el futuro del cable Chile-China Express, sino también la capacidad del Gobierno para conciliar demandas de conectividad con las consecuencias en la relación con Estados Unidos y la percepción pública sobre la gestión de infraestructura estratégica.
