Luis Eduardo Escobar, quien fuera el jefe del equipo económico de la candidatura de Jeannette Jara, advierte que ante la escalada internacional del precio del petróleo el país debió haber considerado un ajuste más suave. En su lectura, el Mepco —Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles— era visto como una herramienta razonable, pero hoy se pregunta si su diseño aguanta un golpe de la magnitud que se ha observado, con el Brent superando los 100 dólares el barril. “Técnicamente, sería más cuerdo haber suavizado el impacto”, afirmó en un marco público donde Chile continúa siendo un importador neto de petróleo.

Desde su óptica, el debate no es simple: “existían alternativas”. Señala que una de las dificultades centrales de las políticas públicas es definir quién subsidia y en qué medida. En el caso chileno, se decidió trasladar parte del costo al consumidor de combustibles y, al mismo tiempo, comprometerse a no subir el precio del Transantiago hasta diciembre de este año. “Ellos lo mezclan incorrectamente con la situación fiscal de Chile, que -como lo hemos dicho desde hace muchos meses-, no es crítica”, insistió.

Con todo, el exjefe económico reconoce que subsidiar puede ser razonable, pero advierte que convendría evaluar si valía la pena congelar precios o distribuir las subidas de manera gradual. En su argumentación, cita ejemplos del transporte público: “el Metro de Santiago es básicamente eléctrico”, un dato que, según su lectura, podría justificar ciertos ajustes graduales en el resto de la movilidad.

Escobar no oculta el contexto: la volatilidad del petróleo está conectada con tensiones internacionales, como el enfrentamiento entre Estados Unidos y Israel con Irán, y la variación del precio del crudo tiene impactos directos en la economía chilena. En su visión, la conversación sobre estabilidad de precios y subsidios no es meramente técnica, sino una discusión que afecta el bolsillo diario de las familias y la planificación fiscal del país. En ese sentido, la idea de un mecanismo que funciona en condiciones normales podría requerir ajustes para escenarios más extremos y de corto plazo, de cara a la próxima temporada de consumo.

La conversación, que cruza economía, transporte y política, continúa en un país que debe equilibrar costos y gobernanza ante una economía cada vez más sensible a shocks externos. El debate se mantiene vivo en los despachos de la Alcamía y en la conversación pública, donde la pregunta no es solo cuánto subirán los precios, sino cómo se suavizan sus impactos para que la movilidad y la vida cotidiana no se resquebrajen.