En noviembre de 2021, el director de la CIA de Estados Unidos, William Burns, viajó a Moscú para advertir al presidente ruso Vladimir Putin sobre preparativos para invadir Ucrania, pero la conversación quedó reducida a una llamada telefónica desde la presidencia en la Plaza Vieja de Moscú, Rusia. Estados Unidos y el Reino Unido, a través de la CIA y del MI6, el servicio de inteligencia exterior británico (Secret Intelligence Service), recogieron señales que apuntaban a una ofensiva inminente, según los relatos disponibles.

En aquella llamada, Burns expuso la evaluación norteamericana de que Rusia se preparaba para lanzar una invasión. Putin desestimó la advertencia y planteó su propia lectura de la situación, citando informes de sus servicios de inteligencia sobre supuestos despliegues estadounidenses en el mar Negro que, según él, demostraban la vulnerabilidad estratégica rusa en un mundo que aún percibe como dominado por EE. UU. Burns volvió a Washington convencido de que la invasión era probable, y cuando el presidente Joe Biden le preguntó si creía que Putin iba a hacerlo, Burns respondió "Sí".

Tres meses y medio después, en febrero de 2022, las fuerzas rusas cruzaron la frontera y comenzaron la mayor violación del orden de seguridad europeo desde la segunda guerra mundial. La secuencia revela dos preguntas centrales: cómo recopilaron Washington y Londres información tan detallada, y por qué otros gobiernos y analistas no dieron crédito a esas advertencias hasta que la ofensiva comenzó.

Varios factores explican ese contraste. La concentración del poder en torno a Putin y el secretismo creciente del Kremlin complicaron la lectura de intenciones. Además, la mezcla de desinformación intencional desde Moscú, interpretaciones divergentes de los mismos indicios por parte de distintos servicios y la fatiga de inteligencia tras años de crisis internacionales contribuyeron al escepticismo en ciertos aliados. La mayor capacidad de análisis de la CIA y el MI6, complementada por vigilancia técnica y fuentes en el terreno, permitió a Washington y Londres reconstruir planes operativos con mayor detalle que otros gobiernos.

La invasión tuvo y sigue teniendo implicancias globales que también tocan a Chile y a América Latina. En lo económico, la guerra alteró cadenas de suministro de commodities, elevó precios de energía y de fertilizantes, y empujó la inflación global, efectos que repercuten en los costos de producción agrícola y en el bolsillo de los consumidores chilenos. En lo diplomático, la ofensiva puso a gobiernos de la región frente a decisiones de alineamiento en foros multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas, y subrayó la relevancia de diversificar proveedores de gas, fertilizantes y metales críticos.

En términos de seguridad internacional, el caso puso en evidencia la importancia de la cooperación de inteligencia entre aliados, y también los límites de esa cooperación cuando las percepciones y prioridades difieren. Para países como Chile, que comercian con varias potencias y dependen de cadenas globales, la lección es doble: la necesidad de monitoreo estratégico sobre riesgos globales y la urgencia de políticas que reduzcan exposición a shocks externos.

Lo que queda por verse es si la guerra y sus lecciones conducirán a cambios duraderos en inteligencia y disuasión euroatlántica, y cómo los países de América Latina ajustarán su política exterior y sus estrategias económicas ante una geopolítica más tensa y multipolar. Para Chile, la prioridad inmediata será mitigar el impacto económico sobre importaciones críticas y seguir evaluando, en el plano diplomático, la postura más conveniente ante un orden internacional en recalibración.