El diputado Víctor Pino, presidente de la Comisión de Economía y próximo Delegado Presidencial de la región de Coquimbo, presentó una reforma constitucional destinada a evitar que proyectos aprobados por una Cámara queden paralizados durante años en la otra.

La propuesta incorpora un nuevo artículo a la Constitución de la República de Chile. Establece que si la Cámara revisora no se pronuncia en un plazo determinado, la iniciativa se entenderá aprobada sin cambios y volverá a la Cámara de origen, que tendrá 30 días para decidir su aprobación definitiva o rechazo. El proyecto fija además un tope para ese período de revisión de tres años y contempla que la norma se aplique también a proyectos que hoy están entrampados en el segundo trámite.

En la exposición pública, el diputado Pino señaló que «hoy tenemos iniciativas que llevan más de diez, quince e incluso más de veinte años en tramitación. Para mí eso no es un debate democrático, es claramente un estancamiento originado por la desidia de algunos parlamentarios». Con esa crítica, ubicó la medida como una respuesta al problema histórico de tramitaciones muy largas en el Congreso.

Actualmente la Constitución no fija plazos para que una Cámara revise un proyecto aprobado por la otra. En la práctica, esa laguna ha permitido que miles de iniciativas queden archivadas sin votación ni decisión clara, y que ciudadanos y sectores queden a la espera de soluciones que nunca llegan. El diputado Pino plantea que la nueva regla buscará ordenar ese proceso y acelerar resultados.

Quién gana y quién pierde. Ganan los ciudadanos y las organizaciones que esperan respuestas legislativas, y gana la Cámara de origen, que recupera la iniciativa frente a la inacción. Pierden los parlamentarios que usan la demora como táctica de negociación o bloqueo, y podría perder peso el espacio de deliberación en la Cámara revisora si la medida se aplica de forma rígida.

En términos políticos, la reforma altera la dinámica bicameral. Reducir la capacidad de estancamiento puede favorecer leyes impulsadas por mayorías, y al mismo tiempo generar resistencias de minorías y de quienes reivindican mayor revisión en sede senatorial o en la Cámara de Diputados, según el caso. También plantea preguntas sobre su retroactividad y sobre posibles impugnaciones legales, porque una reforma constitucional que cambie la tramitación del Congreso enfrenta debate intenso y quórums especiales.

El próximo paso formal será iniciar el trámite constitucional correspondiente en el Congreso de Chile. Si avanza, deberá ser discutida y aprobada conforme a las mayorías que exige una reforma constitucional. Los efectos concretos dependerán de esa tramitación y de cómo se interpreten normas procesales en la práctica parlamentaria.

En ese contexto, la iniciativa de Víctor Pino abre la discusión sobre el equilibrio entre eficacia y deliberación en el Parlamento, y sobre cómo reparar un problema que, según sus promotores, afecta la capacidad del Estado para entregar soluciones oportunas a la ciudadanía.