Un operativo de la Fiscalía, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería terminó con 13 detenidos de la banda Los del 30. Según la investigación, la organización vendía droga y armas en el sector sur de la Región Metropolitana y su líder la dirigía desde la cárcel.
Así lo informó Emol, que no precisó la fecha exacta del operativo. Entre los detenidos hay dos menores de edad, de 14 y 17 años, tres mujeres y dos ciudadanos venezolanos, según detalló el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada Investigadora de Personas Extraviadas y Antisecuestros (Bipe) Metropolitana de la PDI.
Las fuentes no coinciden en las comunas donde operaba la banda. Emol menciona San Bernardo, La Pintana y El Bosque. La Tercera, en cambio, cita a Barrientos y habla de La Pintana, Puente Alto y San Bernardo.
La policía allanó 11 inmuebles en la Región Metropolitana. Además, Gendarmería registró una celda del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), un módulo de máxima seguridad ubicado dentro de la cárcel Santiago 1. Según La Tercera, el líder cumple condena allí por homicidio. También hubo allanamientos en el resto de Santiago 1.
Durante los registros, la policía incautó más de 80 municiones de distintos calibres, un arma de 9 milímetros, cargadores, cocaína y marihuana, según La Tercera. Emol informó además que se encontraron armas largas. Dentro del penal, la Fiscalía incautó teléfonos y 200 gramos de droga. El fiscal regional Occidente, Marcos Pasten, explicó que esa droga ingresaba lanzada desde el exterior, la modalidad conocida como "pelotazos".
Según los investigadores, la banda reclutaba a menores de edad como "soldados". Les entregaba armas y les pagaba por cometer robos y por participar en enfrentamientos con bandas rivales. También sumaba a extranjeros, en su mayoría en situación migratoria irregular. Barrientos afirmó que muchos de ellos venían "descolgados de otras organizaciones criminales transnacionales ya disueltas".
La Fiscalía Supraterritorial, encabezada por el fiscal jefe Miguel Ángel Orellana, coordinó la investigación. En un principio, las distintas fiscalías regionales habían tratado como casos aislados varias incautaciones de droga y armas, además de algunos hechos en Santiago 1. "Detrás de todos estos hechos existía una sola estructura", se dijo en la conferencia. Emol atribuye esa frase a Barrientos y La Tercera, a Orellana.
Según los investigadores, el cabecilla recibía la droga que entraba al penal y luego la vendía. También llevaba un control estricto de las armas y del dinero, y recibía reportes constantes de los demás integrantes. Ya no está recluido en Santiago 1. Orellana sostuvo que el caso muestra cómo una persona presa puede seguir infringiendo la Ley de Drogas y la Ley de Control de Armas desde el interior de la cárcel.
Los imputados están acusados de infringir la Ley de Drogas y la Ley de Armas, además de lavado de activos y asociación criminal. El lavado de activos consiste en hacer pasar por legal el dinero obtenido de un delito. Según Barrientos, la banda depositaba en distintas cuentas bancarias el dinero que obtenía en efectivo.
Gendarmería aseguró que hasta ahora no tiene antecedentes de que funcionarios penitenciarios hayan colaborado con la banda.
El caso está en la etapa de detención. La formalización es la audiencia en que la Fiscalía comunica ante un juez que investiga a una persona, y todavía no se realiza. La Fiscalía la pedirá primero para los detenidos que estaban en libertad, al día siguiente del operativo. Después vendrá la de los cinco imputados que ya están presos. Las fuentes no informan el número de causa (RUC).
