Qué ocurrió Los albaceas del patrimonio de Jeffrey Epstein propusieron pagar hasta US$35 millones a decenas de presuntas víctimas para zanjar demandas por abuso sexual y tráfico, según un documento presentado ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York. El acuerdo cobija a quienes alegaron haber sido agredidas, abusadas o traficadas entre el 1 de enero de 1995 y el 10 de agosto de 2019, día en que Epstein fue encontrado muerto en una cárcel de Nueva York. La propuesta requiere la validación del tribunal para entrar en vigor. Quiénes son los actores clave Los responsables del fondo son Darren Indyke, antiguo abogado de Epstein, y Richard Kahn, su ex contador. Ni Indyke ni Kahn han sido imputados por delitos sexuales, pero una demanda presentada en 2024 los acusó de facilitar las actividades ilícitas del condenado mediante servicios legales y financieros. El bufete Boies Schiller Flexner LLP representa a las demandantes. El abogado de los albaceas, Daniel H. Weiner, declinó comentar sobre el tamaño del grupo de víctimas. Los términos del acuerdo Según el texto, si al menos 40 personas resultan elegibles, el monto total ascendería a US$35 millones; si son menos, el pago sería de US$25 millones. Aún no hay certeza pública sobre cuántas reclamantes entrarán al fondo: Bloomberg reportó un mínimo de 40, y el despacho de las víctimas no ha confirmado cifras. Contexto judicial y mediático El caso de Epstein trascendió por el alcance transnacional de su red, que conectó al financiero con políticos, empresarios y celebridades en varios países. En EE.UU., investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y pesquisas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y otras autoridades, han buscado desentrañar cómo operó esa red. Un punto clave es que un acuerdo civil como este pone fin a demandas sin admitir culpabilidad por parte de los albaceas, lo que difiere de una condena penal y deja preguntas sobre responsabilidad y rendición de cuentas. Repercusiones y reacciones Hasta ahora, las partes han mantenido declaraciones escasas: las demandantes y sus abogados no han detallado el número total de beneficiarias, y los representantes de los albaceas evitaron mayores comentarios. Para las presuntas víctimas, un fondo aprobado por el tribunal significaría acceso a compensación económica; para los administradores del patrimonio, implicaría cerrar litigios futuros ligados a esos reclamos. Por qué esto importa para Chile y la región Aunque el caso ocurrió en EE.UU., tiene implicaciones relevantes para Chile y América Latina. Primero, subraya la importancia de la cooperación internacional en materia de tráfico sexual y recuperación de activos, porque bienes y estructuras financieras offshore pueden estar repartidos entre jurisdicciones. Segundo, pone foco en el rol de intermediarios financieros y legales, y en la necesidad de controles de debida diligencia y transparencia sobre beneficiarios finales, materias que en Chile se discuten en ámbitos regulatorios y tributarios. Tercero, el precedente de acuerdos extrajudiciales masivos muestra cómo las víctimas buscan reparación fuera del ámbito penal, algo que puede orientar estrategias de litigio transfronterizo en la región. Qué queda pendiente El tribunal federal de Manhattan debe validar el acuerdo y definir la elegibilidad final de las reclamantes. La cifra definitiva de beneficiarias y la distribución concreta de los pagos siguen siendo inciertas. Este proceso mostrará hasta qué punto la justicia civil puede ofrecer cierre a víctimas y qué límites tiene para atribuir responsabilidades a terceros que gestionaron el patrimonio de figuras con redes internacionales.