El martes por la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, pronunció ante el Congreso de Estados Unidos su discurso anual sobre el estado de la Unión, el primero de su segundo mandato, en una intervención de alrededor de dos horas que fue la más larga registrada para este tipo de alocuciones en el país.

El eje de la intervención fue la economía. Según el propio mandatario, su “guerra arancelaria” necesita defensa tras un fallo reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, según la Casa Blanca, afectó la validez de varias de sus medidas comerciales. Al mismo tiempo, la Administración impuso un gravamen global del 10 por ciento que, según el Ejecutivo, ya entró en vigor como respuesta a esas decisiones. Estos anuncios coincidieron con la reiteración de prioridades de política exterior, incluida la posibilidad de una intervención militar en Irán, y con afirmaciones sobre avances en la situación venezolana que no están plenamente verificadas por fuentes independientes.

La inmigración ocupó un momento tenso del discurso. Trump afirmó "El primer deber del Gobierno es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales", y pidió a los congresistas que se pusieran de pie si estaban de acuerdo. Solo los legisladores republicanos se levantaron y aplaudieron por varios minutos; la división en la sala quedó en evidencia. Posteriormente, Donald J. Trump añadió que los demócratas “deberían sentir vergüenza”, palabras que profundizaron la confrontación política.

Numerosos congresistas demócratas boicotearon o protestaron la sesión. Varios de ellos llevaron como invitadas a víctimas de Jeffrey Epstein, el financista condenado por delitos sexuales, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera pública una gran cantidad de documentos relacionados con ese caso. En la réplica oficial del Partido Demócrata intervino Abigail Spanberger, representante demócrata por Virginia en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien señaló "Mintió, culpó a otros y distrajo" y acusó al presidente de no ofrecer soluciones a los problemas más urgentes del país.

El tono nacionalista y la defensa de aranceles tienen implicaciones que van más allá de la política doméstica estadounidense. Un endurecimiento sostenido de la política comercial de Washington puede alterar cadenas de suministro y presionar precios internacionales, lo que afectaría a economías abiertas como la chilena. Para Chile, principal exportador mundial de cobre, cambios en la demanda global por tensiones comerciales entre Estados Unidos y socios como China pueden traducirse en volatilidad de precios, impacto en la recaudación fiscal y movimientos en la Bolsa de Santiago.

En el plano energético y de seguridad, la posibilidad de escalada contra Irán suele elevar los precios del petróleo en los mercados internacionales, con impacto en la inflación importada para economías netamente importadoras de combustibles como la chilena. En materia regional, cualquier intensificación de la presión sobre Venezuela o nuevas sanciones puede agravar flujos migratorios y tensiones diplomáticas en Latinoamérica, donde Chile ha participado en esfuerzos multilaterales para abordar la crisis venezolana.

A corto plazo, la Casa Blanca, según comunicaciones vinculadas al discurso, dijo que anunciará una decisión sobre Irán en los próximos días, en línea con reportes que apuntan a un plazo de 10 a 15 días para una resolución final. La polarización que exhibió el Congreso durante el estado de la Unión deja en claro que las medidas anunciadas tendrán recorrido político domesticamente disputado y posibles efectos económicos y diplomáticos para la región que Chile deberá monitorizar de cerca.