En la sesión de la comisión de Hacienda del Senado, el regulador explicó qué implica el mandato establecido por la reforma previsional para el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, conocido como SIS, al nuevo Seguro Social. La ley publicada en marzo de 2025 dejó pendiente un proyecto de ley para regular los ajustes operativos y regulatorios necesarios para dicho traspaso desde las AFP, administradoras de fondos de pensiones, al Fondo Autónomo de Protección Previsional, organismo público encargado de gestionar el Seguro Social.
Según el marco vigente, desde agosto de este año el SIS pasará a ser parte de las prestaciones del FAPP, que se financiará con la cotización que realicen los empleadores y que recaudaría el Instituto de Previsión Social, hoy responsable de la cobranza, y cuyo monto futuro podría situarse en el 2,5%. Además, el financiamiento irá también destinado a la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida. En junio de 2025 el gobierno anterior ingresó al Congreso un proyecto para regular este traspaso, pero el trámite no ha avanzado y está en su primer paso en el Senado.
La discusión se reactivó la semana pasada en la comisión de Hacienda, donde distintos actores mostraron diferencias sobre lo que realmente significa un “pleno traspaso” del SIS. El presidente del FAPP, Enrique Marshall, afirmó que las tareas operativas que rodean al seguro no corresponden al organismo que lidera, por ejemplo en lo relativo a la gestión de las comisiones médicas que determinan la invalidez. Y este miércoles, en la comisión de Trabajo del Senado, reiteró que el traspaso se debe circunscribir a funciones como licitación, pago de la prima y monitoreo de la sostenibilidad del Fondo. “Nosotros entendemos que el traspaso que está definido en el artículo transitorio se refiere a las funciones que señalé, no a otras funciones”, dijo, enfatizando la interpretación del artículo en cuestión.
Con todo, el tema está lejos de cerrarse. El proyecto de regulación permanece en trámite y la discusión pública busca despejar qué cambios concretos enfrentarán las prestaciones y la fiscalización de este seguro. En ese contexto, se espera que la próxima semana la comisión de Hacienda continúe analizando las implicancias prácticas para pensionados y trabajadores, especialmente en lo relativo a costos laborales y sostenibilidad del sistema previsional. El debate, además, guarda relación con el diseño de la cobertura y la seguridad de las pensiones a largo plazo para la población envejecida del país.
