En Chile, la votación del proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, la ex candidata presidencial Carolina Tohá criticó el rechazo en el Senado a la norma que permite levantar el secreto bancario para esa labor.

Tohá sostuvo que es lamentable y que hay una premisa equivocada en el debate al equiparar la inteligencia con una investigación penal. Una operación de inteligencia no es una investigación penal, comentó durante una conversación con Radio Pauta.

La exministra del Interior explicó la diferencia entre ambos conceptos: “Cuando estás en una investigación penal, tienes pruebas de un delito que se cometió respecto a una persona que es un sospechoso. En inteligencia no funciona así”. Añadió que si salta un caso penal, la Fiscalía derivaría, y la Fiscalía no puede usar esas pruebas en una investigación ya iniciada.

Sobre el temor de que, si se permite el levantamiento del secreto bancario, cualquier persona podría acceder a sus cuentas, Tohá fue enfática. “Eso en la ley está asegurado de una manera que ojalá en otros ámbitos tuviéramos esa garantía”; explicó que cada operación debe ser autorizada por el director o directora de la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. “Cada vez que la información llegue a manos indebidas, el responsable es el director de la UAF, y las sanciones que tienen son cárcel y además sanciones administrativas que pueden significar quedar inhabilitado para cargos públicos de por vida”.

Consultada por las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que evaluarían enviar un proyecto en esa línea, Tohá afirmó que el foco debe ser claro y no desviarse. Según declaraciones citadas, Quiroz indicó que podrían presentar una iniciativa similar, pero no hay certeza de plazos.

El tema mantiene su pulso en el Congreso y se espera que el Senado vuelva a discutir la propuesta en las próximas semanas, con la atención puesta en cómo se balancean las garantías de privacidad y la eficacia de la inteligencia económica en Chile.

En perspectiva, el debate refleja la tensión entre modernizar mecanismos de supervisión económico-financiera y salvaguardar derechos individuales, un tema que repercute en la credibilidad de las instituciones frente a la ciudadanía. Todo indica que la discusión continuará, con definiciones clave para el futuro de la seguridad económica y la confianza en las políticas públicas.