Fonasa, el seguro público de salud, informó a comienzos de 2026 un crecimiento sostenido de su base de afiliados durante el gobierno del presidente Gabriel Boric. El director de la institución, Camilo Cid, atribuye el movimiento a una mayor incorporación de cotizantes en edad laboral y a una mayor demanda por la red pública y modalidades mixtas.

Los datos oficiales señalan que el asegurador público alcanzó una población beneficiaria equivalente al 85% de la población nacional. En el periodo entre enero de 2022 y enero de 2026 se registraron incrementos relevantes en la composición de los nuevos afiliados: 1.948.996 personas se sumaron en esos cuatro años y en los últimos 12 meses hubo un aumento de 360.627 afiliados. Fonasa reportó además que 669.155 nuevos afiliados ingresaron al tramo D, un alza de 17,4% y el mayor crecimiento porcentual por tramo.

Fonasa destaca que los nuevos cotizantes registran una mayor capacidad contributiva: la renta promedio de los nuevos beneficiarios alcanza $1.094.086, un 36% más que la renta promedio de los cotizantes históricos, que es de $697.086. La institución también señala un ingreso predominante de población económicamente activa, con una edad promedio de 37 años y 54% hombres entre los nuevos afiliados.

En ese contexto, Fonasa reporta un mayor dinamismo en el uso de la Modalidad Libre Elección, MLE, modalidad que permite a los beneficiarios acceder a prestadores privados dentro del sistema público. "Este aumento da cuenta de un proceso de ampliación de la base contributiva del Fondo", afirma el organismo, que además habla de una “consolidación” porque, en su lectura, el sistema público ahora atrae también a segmentos de ingresos medios.

Históricamente, Fonasa concentró a la población de menores ingresos; el salto en el tramo D rompe parcialmente ese patrón y abre dos preguntas políticas y técnicas. Primero, mejora las perspectivas de financiamiento solidario del sistema, al incorporar cotizantes con mayor renta que deberían aportar más al fondo común. Segundo, plantea dudas sobre el origen de esos afiliados: podría tratarse de migración desde aseguradoras privadas conocidas como Isapres, o de incorporación de trabajadores formales que antes no cotizaban, pero Fonasa no entrega un desglose por origen de afiliación.

Los ganadores claros son el financiamiento de Fonasa y, potencialmente, usuarios que ahora encuentran en el sistema público una opción válida. Los posibles perdedores son las Isapres y prestadores privados que dependan de clientes de tramo D, aunque esa lectura requiere datos adicionales sobre flujos entre sistemas.

El informe no entrega un detalle regional de la incorporación, por lo que no es posible evaluar desigualdades territoriales en la expansión de afiliados. Tampoco se informa el impacto inmediato sobre la oferta de prestaciones, tiempos de espera o gasto por beneficiario, variables clave para medir si el aumento de afiliación mejora o tensiona la atención.

A futuro, el desafío técnico y político será traducir la mayor base contributiva en financiamiento efectivo y mejoras en acceso. Para eso se necesitarán cifras más finas sobre la procedencia de los nuevos afiliados, el uso real de prestaciones y el costo fiscal de atender a una red ampliada. En términos políticos, el crecimiento refuerza la narrativa del gobierno de ampliar y fortalecer la salud pública, pero la lectura completa dependerá de cómo se gestionen los recursos y de la evolución del gasto en los próximos meses.