El Segundo Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización superior a $55 millones a un joven que estuvo detenido y en prisión preventiva por más de un año, después de ser sindicado erróneamente como autor de un robo a partir de un reconocimiento fotográfico defectuoso.

El fallo, firmado por el juez Manuel Figueroa Salas, establece la responsabilidad del Estado por la actuación negligente del Ministerio Público de Chile. El tribunal fijó $5.736.000 por lucro cesante y $30.000.000 por daño moral al afectado, quien actualmente tiene 22 años, y agregó $20.000.000 por daño moral a la madre. En conjunto, la suma supera los $55 millones.

Según la sentencia, la imputación se basó en un reconocimiento fotográfico hecho con una imagen del joven cuando tenía 16 años, procedimiento que se realizó con infracción al protocolo institucional. El tribunal concluye que el Ministerio Público privilegió ese antecedente por sobre pruebas científicas disponibles, lo que calificó como una actuación “injustificadamente errónea y arbitraria”. En la resolución se señala además que, "el camino investigativo elegido, basado exclusivamente en un reconocimiento viciado, no solo fue erróneo, sino que resultaba evitable".

El fallo destaca que los verdaderos responsables del delito fueron identificados y condenados posteriormente mediante evidencia objetiva, específicamente huellas dactilares encontradas en el sitio del suceso. Esa prueba, según el tribunal, estuvo disponible durante la investigación, por lo que la detención preventiva del joven pudo haberse evitado con una actuación más diligente del Ministerio Público.

La causa penal contra el joven terminó con un sobreseimiento definitivo fundado en el artículo 250, letra b), del Código Procesal Penal, resolución que la sentencia civil considera relevante porque establece la inocencia del imputado. El tribunal valoró ese cierre como elemento que agrava la responsabilidad del Estado por los daños sufridos durante la privación de libertad.

Este fallo aporta un precedente civil sobre la reparación en casos de detenciones erróneas motivadas por identificaciones dudosas, y subraya la obligación de la fiscalía de priorizar pruebas científicas frente a procedimientos de identificación que no cumplan el protocolo. La resolución no informa si el Ministerio Público ha interpuesto recurso contra la condena.