El cineasta español Juanma Bajo Ulloa, conocido por la comedia Airbag, afirmó en el programa Horizonte, y en declaraciones recogidas por Europa Press, que las convocatorias públicas de ayudas al cine en España funcionan con un sistema de puntuación que deja en desventaja a los directores varones.

Bajo Ulloa aseguró que "los cineastas varones lo tienen profundamente jodido porque no tienen puntos en las ayudas" y calificó el mecanismo como "un sistema profundamente discriminador". Según su relato, las subvenciones se otorgan mediante una suma de puntos en la que entran criterios técnicos y otros de carácter más subjetivo, vinculados a la condición de quien firma el proyecto o a su adhesión a determinados enfoques ideológicos.

El director puso ejemplos concretos en el programa: explicó que su currículum le otorgaría apenas tres puntos de cien, mientras que, dice, una mujer sin trayectoria podría recibir diez o doce puntos por su condición y por figurar en roles clave de un proyecto. También sostuvo que hoy prima más la "condición" o la "ideología" que el mérito profesional, y que las películas deben alinearse con las pautas del cine "woke" y con la llamada Agenda 2030, es decir, la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, para acceder a visibilidad y financiación.

Estas acusaciones encenderán, sin duda, un debate conocido en la política cultural: por una parte están las medidas públicas orientadas a corregir desigualdades históricas, y por otra aparecen las críticas sobre posibles efectos adversos en criterios artísticos y de calidad. La discusión no es exclusiva de España; en Chile y en varios países de América Latina las políticas de fomento cultural también han incorporado criterios de paridad y diversidad, y han generado tensiones entre objetivos de equidad y exigencias de independencia creativa.

La denuncia de Bajo Ulloa llega en el contexto del estreno de su película El mal, y retoma un pulso más amplio sobre cómo se diseñan las políticas de apoyo a la cultura. Sus palabras, recogidas por un medio nacional español, ofrecen una mirada polémica que pone en evidencia dos preguntas centrales: hasta qué punto deben las instituciones corregir desigualdades históricas, y cómo evitar que esos correctivos se perciban como una barrera para otros creadores y formas narrativas.

La respuesta institucional no aparece en la pieza original que cita Europa Press, pero la intervención del director reaviva la necesidad de diálogo público entre artistas, gestores y audiencias. En ese cruce se define no solo qué obras reciben financiamiento, sino qué historias se amplifican y qué imagen del cine se consolida para las próximas generaciones en España y en Hispanoamérica.