En Barcelona, durante la feria tecnológica MWC26, la senadora Paulina Vodanovic, senadora socialista de Chile, afirmó que el nuevo gobierno "no existe sino hasta el 11 de marzo" y pidió que el debate sobre el cable submarino con China se aborde como una política de Estado. La intervención ocurrió en un contexto de creciente visibilidad pública del presidente electo José Antonio Kast y de tensiones entre la administración saliente de Gabriel Boric y la agenda anunciada por Kast.

Vodanovic dijo que, por las implicancias geopolíticas, las decisiones sobre el proyecto deben priorizar el interés estratégico del país y no responder a presiones externas o a ciclos políticos cortos. Señaló que en Chile existe una tradición de no alineamiento frente a las grandes potencias y llamó a mantener esa senda. Como antecedente, la senadora recordó la actuación de Ricardo Lagos Escobar, expresidente de Chile (2000-2006), quien rechazó apoyar la invasión a Irak en la antesala del conflicto, a pesar de que se negociaba un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y defendió la soberanía nacional.

La senadora también calificó como contraproducente la decisión de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados de enviar un oficio a la Cancillería, es decir al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, solicitando la remoción del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Vodanovic dijo que las instituciones competentes, como la Cancillería, deben actuar tras un análisis técnico y no por gestos políticos.

En ese contexto, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado citó al canciller Alberto van Klaveren y al ministro Juan Carlos Muñoz para aclarar el proyecto del cable y sus implicancias. El episodio muestra tensiones entre el poder legislativo, el Ejecutivo saliente y la oposición, y anticipa un escenario de mayor politización de temas de infraestructura crítica durante la transición.

Quién gana y quién pierde está claro en la arena política inmediata: la visibilidad mediática de José Antonio Kast fortalece su agenda y la percepción de preparación del equipo entrante, mientras que el oficialismo resiente la pérdida de control del relato público. Para la ciudadanía, las decisiones no son abstractas. El país enfrenta riesgos sobre soberanía de datos, seguridad de infraestructura crítica y posibles repercusiones en la relación con socios como Estados Unidos y China.

El cierre de este conflicto dependerá de decisiones institucionales concretas en las próximas semanas, de los informes técnicos que entreguen los ministros citados y de la capacidad de la Cancillería para centralizar una estrategia. Hasta el 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno, la disputa seguirá en la esfera pública y en las comisiones del Congreso, con consecuencias prácticas para la política exterior y la gobernanza de infraestructura estratégica.