Este lunes, en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, el Gobierno presentó una indicación para la reforma política que permitiría fusionar partidos que están en causal de disolución, evitando así su baja automática tras los resultados electorales de 2025.

La propuesta fue expuesta por Macarena Lobos, ministra de la Secretaría General de la Presidencia (independiente), y plantea que los partidos que participaron en la elección de diputados y senadores en 2025 y que estén en la causal de disolución, siempre que hayan obtenido al menos un diputado y un senador, puedan fusionarse con partidos legalmente constituidos que en esa elección hubieran obtenido el 5% a nivel nacional de los sufragios válidamente emitidos en la elección de diputados.

La presentación se produjo tras un episodio de presión política: varios diputados que no son miembros permanentes de la comisión concurrieron para fiscalizar la discusión y forzar una negociación. Entre quienes llegaron estuvieron parlamentarios de la Federación Regionalista Verde Social, del Partido por la Democracia y de la Democracia Cristiana. El diputado Jaime Mulet, del Federación Regionalista Verde Social (FRVS), criticó duramente la iniciativa y acusó al Gobierno de favorecer la absorción por parte de fuerzas oficiales. "Es una absorción solo con dos partidos del oficialismo y tres de la oposición... Es discriminatorio y puede dar lugar a una inconstitucionalidad", dijo Mulet. Raúl Soto, diputado y jefe de bancada del Partido por la Democracia (PPD), también acudió para transparentar conversaciones con otras colectividades.

En ese contexto, el Ejecutivo defendió la indicación como una solución excepcional para preservar la representación parlamentaria y evitar la desaparición administrativa de partidos que mantienen escaños electos. Desde el Gobierno se argumenta que la medida busca estabilidad institucional y evitar la fragmentación que dejaría sin voz a sectores que lograron representación en el Parlamento.

Las consecuencias políticas son directas. Para los partidos pequeños que concentran representación mínima, la medida ofrece una salida para mantener organización legal y recursos asociados. Para los partidos medianos y grandes que superaron el umbral del 5%, abre la puerta a incorporar nuevos cuadros y ampliar bloques legislativos, lo que podría alterar la correlación de fuerzas en comisiones y en votaciones clave del Congreso.

En términos jurídicos, la indicación podría enfrentar cuestionamientos constitucionales por distinciones entre partidos según su ubicación política, como ya apuntaron críticos que la consideran discriminatoria. Históricamente, los umbrales electorales y las normas de subsistencia partidaria han reconfigurado el mapa político en Chile, y este recurso de fusión excepcional se suma a ese patrón de ajustes legales para gestionar la representación después de elecciones con mayor fragmentación.

Para el ciudadano común, el cambio tendrá efectos concretos en la representación. Si la fusión prospera, algunos electores verán a sus representantes integrarse a otras tiendas sin convocatoria electoral directa, lo que modifica la correspondencia entre votantes y partidos. Si la indicación fracasa o es declarada inconstitucional, varios partidos podrían disolverse, reduciendo la pluralidad formal y obligando a sus electores a reubicarse en futuras elecciones.

La iniciativa seguirá su tramitación en la comisión y, de ser aprobada, deberá pasar al pleno de la Cámara. Quedan pendientes informes jurídicos sobre su constitucionalidad y el alcance exacto de las condiciones, además de negociaciones políticas que definirán qué partidos serán receptores de fusiones y cómo se repartirán recursos y estructuras internas.