La Fiscalía formalizó a 17 imputados por asociación criminal, extorsión, lavado de activos, tráfico de drogas y contrabando, la llamada Operación Tokio, que desbarató una red vinculada al Tren de Aragua. La investigación, que involucró a distintas unidades del Ministerio Público, señala que los recursos habrían circunscrito un entramado que operaba entre 2022 y 2025, con foco en la extracción de value hacia el exterior. El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que el dinero circulaba por diversas cuentas para perder trazabilidad y luego era transformado en criptomonedas para operar en el extranjero.

La investigación detalla que el lavado habría permitido ingresar al sistema financiero formal recursos originados en extorsión, tráfico de drogas, prostitución, estafas telefónicas y contrabando. El monto total citado ronda los 75 mil millones de pesos, y parte del flujo se habría canalizado a través de plataformas de criptomonedas como Orionx y Koywe. En las pesquisas también se mencionan transferencias al exterior mediante Binance y BingX, dos exchange de criptomonedas. Además, El Mostrador informó sobre Plusspay, plataforma vinculada al Tren de Aragua e inscrita ante la Comisión para el Mercado Financiero CMF, bajo la modalidad de prestadores de servicios financieros, igual que otras figuras mencionadas en la investigación.

La CMF, en un comunicado, subrayó que la mera inscripción no implica autorización y que actualmente desarrolla un proceso de supervisión para verificar que las entidades inscritas cumplan la normativa vigente. En paralelo, bancos y corredores de bolsa, incluidos BancoEstado y Santander, revisaron sus registros para detectar la participación de trabajadores o clientes vinculados al esquema.

La investigación, liderada por el fiscal Héctor Barros, busca despejar la ruta de los fondos y fortalecer la trazabilidad de operaciones con activos digitales, para evitar que recursos ilícitos se incorporen al sistema financiero. Se espera que la CMF aporte nuevos antecedentes y que el Ministerio Público continúe con las diligencias para esclarecer responsabilidades y procedimientos de supervisión en fintechs y exchanges que operan con criptomonedas.