En el barrio del Cerezo, dentro del distrito de La Macarena en Sevilla, grupos de entre 10 y 20 vecinos —que en noches puntuales llegaron a ser hasta un centenar— comenzaron a salir de noche para vigilar las calles y expulsar, sobre todo, a los llamados gorrillas y a personas sin hogar. Se trata, según vecinos, de una respuesta a problemas de convivencia que acusan llevan años sin solución por parte del gobierno municipal.

Los patrullajes no son espontáneos en pequeños grupos aislados. Están coordinados a través de un canal digital cuyo alcance preocupa: el grupo ya supera los 550 miembros, y en las convocatorias aparecen mayoritariamente jóvenes, en su mayoría hombres, algunos con el rostro tapado. Más de 50 colectivos y asociaciones de La Macarena han firmado un manifiesto alertando que esa dinámica puede terminar dando cancha al discurso de la ultraderecha, entendido aquí como movimientos políticos y sociales de extrema derecha que legitiman la acción ciudadana fuera de la ley.

La reacción institucional ha sido de acusaciones cruzadas. Juan Bueno, portavoz municipal del Ayuntamiento de Sevilla, España, dijo que «es obligación de todos buscar soluciones y no echar la culpa al Ayuntamiento de algo que es de competencia estatal». Ignacio Toscano, subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, respondió que muchas de las quejas vecinales —ruidos nocturnos, consumo de alcohol en la vía pública, problemas de aparcamiento y convivencia— son competencia local. La Policía Nacional, la fuerza de seguridad del Estado español responsable de delitos y orden público a nivel nacional, ha sido reclamada por ambos lados para aumentar presencia en la zona.

La coordinación por canales privados se apoya en la aplicación WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta Platforms, antes llamada Facebook, que permite crear grupos numerosos y organizar salidas con rapidez. Para un lector chileno, imagine que un grupo de vecinos de su barrio usa una aplicación de mensajería para convocar patrullas nocturnas y que, al mismo tiempo, dirigentes locales y autoridades nacionales se culpan sobre quién debe actuar. En Chile, tareas similares pueden dividirse entre municipalidad y Carabineros; en España la línea de competencia también está fragmentada entre municipios, Policía Nacional y, en algunos casos, las policías locales.

La Macarena es un distrito con una realidad socioeconómica compleja. Vecinos hablan de «abandono» por falta de limpieza, control del consumo de alcohol en plazas y problemas de convivencia, pero las organizaciones sociales y plataformas de derechos humanos advierten que la salida de grupos civiles a hacer control del espacio público puede escalar en violencia y en estigmatización de colectivos vulnerables. Además, cuando la seguridad se privatiza o se toma por mano propia, se crean situaciones de riesgo legal para quienes actúan y para las personas a las que se apunta.

A corto plazo, la situación deja dos líneas claras: presión ciudadana para que el Ayuntamiento de Sevilla y el Gobierno de España coordinen medidas concretas de convivencia y prevención, y el riesgo de que la narrativa securitaria sea aprovechada por discursos extremos. Si no hay una intervención institucional que combine presencia policial adecuada, políticas sociales y programas de mediación comunitaria, el conflicto podría agrandarse y normalizar prácticas vigilantes en el espacio público. Para los vecinos del Cerezo y para cualquier ciudad, el reto es evitar que la sensación de inseguridad derive en soluciones que aumenten la polarización y pongan en peligro a la gente más vulnerable.