La abogada Carla Fernández, quien representa a internos del penal Punta Peuco, dijo a El Mostrador que colaboró en la redacción de un proyecto presentado por el senador Francisco Chahuán y que lo hizo sin remuneración. La declaración surge después de que el legislador sostuviera que desconocía el documento, una versión que Fernández calificó como falsa.

Fernández explicó que fue contactada por su experiencia en litigios penitenciarios y en la Corte Suprema de Chile, y que aportó antecedentes jurídicos y redacción técnica. En su entrevista insistió en que la idea fue iniciativa del senador, pero que su participación fue efectiva en el texto: "Puedo decir que efectivamente ayudé a escribir el proyecto. La iniciativa fue del senador Chahuán".

La abogada mencionó además como antecedente el fallo conocido como ELEAM, de septiembre de 2024, que equiparó recintos penitenciarios que albergan adultos mayores o enfermos con establecimientos de larga estadía del sistema civil. ELEAM es la sigla usada para referirse a esos fallos y criterios judiciales sobre atención de personas mayores en contextos institucionales.

Frente a la polémica pública, Fernández sostuvo que el debate se ha enfocado en la disputa política y no en el contenido jurídico del proyecto. Según ella, la iniciativa pretende conjugar criterios humanitarios con eficiencia en la política criminal y ofrecer respuestas a problemas estructurales del sistema penitenciario, como el hacinamiento y las dificultades del Estado para garantizar condiciones dignas para internos ancianos o con enfermedades graves.

La contradicción entre la versión del senador y la confirmación de la abogada abre un foco político para Chahuán, cuyo rol en la presentación del proyecto quedará bajo escrutinio en el Senado. Para el sistema penitenciario chileno, la discusión coloca otra vez sobre la mesa cómo tratar a personas privadas de libertad con condiciones de salud especiales y qué estándares aplican tras precedentes judiciales como ELEAM. Queda por ver si la controversia derivará en una investigación sobre la autoría del texto, en cambios al proyecto o en un replanteamiento de la comunicación pública de los impulsores legislativos.