En los últimos días La Moneda entregó mensajes confusos sobre un proyecto de cable submarino que buscaría conectar la zona de Valparaíso con Hong Kong, luego de que Estados Unidos retirara las visas a tres funcionarios el 20 de febrero.

Según publicó el diario El Mercurio, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó el 27 de enero un decreto que autorizaba a la empresa China Mobile una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar “una Red de Transmisión por cable de Fibra Óptica Submarino con repetidores y tecnología DWDM”, tecnología que permite multiplicar la capacidad de transmisión por fibra óptica. Dos días después, el 29 de enero, el mismo decreto fue anulado, según la versión administrativa citada por el medio.

Desde La Moneda se había sostenido en declaraciones públicas que el proyecto estaba aún en etapa de evaluación y que no había nuevos proyectos aprobados por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Esa versión choca con la cronología entregada por El Mercurio y con una observación interna que atribuye la anulación a un “error técnico” en la firma, según un correo del jefe de gabinete de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Guillermo Petersen.

El retiro de visas por parte de la Casa Blanca golpeó directamente al ministro Juan Carlos Muñoz; al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, miembro del Partido Comunista; y a Guillermo Petersen. El artículo también sostiene que, pese a la anulación administrativa, el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump habría intervenido para frenar el avance del proyecto, que competiría con un cable adjudicado a la empresa estadounidense Google.

Estas contradicciones tienen efectos concretos. Primero, abren dudas sobre los controles internos en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, sobre la tramitación de autorizaciones y sobre la transparencia en proyectos estratégicos. Segundo, reavivan la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por infraestructura digital, un tema ya visto en controversias anteriores sobre redes y proveedores de tecnología.

Para los ciudadanos esto significa riesgo sobre la gobernanza de infraestructura crítica, y potenciales efectos en la competencia y en la seguridad de los datos que transitan por la fibra desde y hacia el Pacífico. Chile es un nodo clave de cables submarinos en la región, y quién controla esas rutas afecta latencia, costos y soberanía digital.

Quedan preguntas sin respuesta pública: por qué se firmó el decreto el 27 de enero, a qué se debió exactamente la anulación el 29, y si habrá sumarios administrativos o investigaciones formales. La Moneda ha emitido declaraciones oficiales, y Muñoz reafirmó en una entrevista con el diario La Tercera que “en los últimos meses no ha habido un nuevo proyecto de esta naturaleza que haya contado con la aprobación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para avanzar en su proceso de aprobación”. Sin embargo, la documentación citada por la prensa presenta una cronología diferente.

El antecedente histórico es claro: la disputa por infraestructura digital entre potencias altera decisiones técnicas que, en apariencia, son administrativas. Quién gana en esta pulseada tecnológica son empresas con respaldo geopolítico fuerte, y quién pierde es el Estado cuando procesos internos parecen opacos. En los próximos días conviene esperar la aclaración formal de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y posibles acciones del gobierno para reparar la transparencia en la tramitación de proyectos estratégicos.