El Servicio Electoral (Servel) dejó sin aprobación los balances contables de 14 de los 24 partidos constituidos, según informes a los que accedió este medio en febrero. La revisión corresponde a los estados financieros de 2024 y se realizó en el marco de la fiscalización del uso de recursos públicos.

La ley que regula este mecanismo es la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos 18.603, que obliga a las colectividades a rendir sus cuentas para recibir el aporte estatal. Mientras los balances no sean aprobados por el Servel, las organizaciones no podrán recibir parte de $14.877.496.046 que el Estado repartirá este año.

Entre los partidos con rechazos figuran colectividades emblemáticas como Frente Amplio, Partido Comunista de Chile, Partido de la Gente (PDG), Partido Republicano, Partido por la Democracia (PPD), Partido Demócrata Cristiano (DC) y Evolución Política (Evópoli). También aparecen en los informes la Federación Regionalista Verde Social, Demócratas, el Partido Radical, Alianza Verde Popular, Partido Popular, Partido Humanista y Partido Liberal.

Los documentos preliminares a los que accedió este medio contienen cuestionamientos específicos. En el caso del Partido Republicano, por ejemplo, el Servel auditó $3.234.757.963 y concluyó que la colectividad no presentó comprobantes contables por $1.688.602.435, que impidieron aplicar procedimientos sustantivos de auditoría. El organismo también detectó operaciones sin sustento por $62.018.264 y señaló que el partido "no realizó la auditoría a los Estados Financieros 2024".

El tono de los informes es técnico, pero las consecuencias son políticas y prácticas. En primer término, las colectividades afectadas verán congelado parte del financiamiento público que usan para administración, campañas y actividades territoriales. En segundo término, la decisión abre la puerta a apelaciones y subsanaciones: los partidos pueden completar documentación o recurrir a instancias como el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar resoluciones del Servel.

Este episodio se inserta en un contexto de mayor escrutinio del Servicio Electoral. En semanas recientes el organismo ordenó la disolución de 13 partidos por no alcanzar umbrales mínimos, y Evópoli apeló esa decisión ante el Tricel presentando testimonio de un exdirector del Servel que contradice al organismo. Es decir, hay una disputa institucional sobre criterios y procedimientos que ya tiene antecedentes cercanos.

Quién gana y quién pierde está claro. Pierden los partidos afectados, que verán mermadas sus capacidades operativas y políticas mientras duran las trabas administrativas. Pierden también los ciudadanos, porque la restricción de recursos puede reducir la oferta pública de actividades políticas y la fiscalización interna. Ganan el Servel y quienes exigen transparencia, en la medida que la fiscalización obligue a mejorar controles internos y rendición de cuentas.

El efecto sobre la competencia electoral depende de cómo se resuelvan las apelaciones y de la rapidez con que los partidos subsanen las observaciones. Si los rechazos se mantienen, algunas colectividades podrían enfrentar dificultades para financiar campañas locales y mantener redes territoriales. Si los partidos corrigen sus cuentas, el impacto será temporal, pero habrá quedado la señal de una fiscalización más rigurosa.

Los próximos pasos son administrativos y judiciales. Los partidos pueden presentar antecedentes adicionales ante el Servel o acudir al Tricel. El Servel, por su parte, deberá explicar si las objeciones responden a fallas formales o a irregularidades de fondo. Para el ciudadano común la pregunta práctica es simple: estas tensiones repercutirán en la capacidad de los partidos para ofrecer propuestas y servicios en sus territorios, justo cuando se intensifica la agenda política nacional.