La directora de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda de Chile, Javiera Martínez, sostuvo que el problema fiscal son los ingresos. En respuesta, M. Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la ESE Business School, acusa que el verdadero problema es el gasto, sobre todo en personal, cuando ya se proyecta un déficit fiscal estructural para 2025 de 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que supera ampliamente lo fijado por la Ley de Presupuestos.

Cifuentes sostiene que los ingresos estructurales del fisco dependen básicamente de dos factores que se han debilitado desde 2014: el nivel de actividad económica y la eficiencia y competitividad del sistema tributario. Explica que un impuesto a la renta complejo y poco competitivo, en términos internacionales, termina recaudando menos de lo posible. En los números citados por la carta, los ingresos tributarios no mineros subieron 8% nominal, una cifra que concuerda con el crecimiento de la actividad no minera de 2,8% y una inflación promedio de 4%. Sin embargo, el Informe de Ejecución Presupuestaria de diciembre, publicado por Dipres, muestra un crecimiento real de solo 1,5%, lo que lleva a Cifuentes a preguntar qué dato de inflación se utilizó para ese cálculo.

Pero la crítica central va al gasto, y en particular a los PMG, los Programas de Mejoramiento de Gestión, creados hace casi tres décadas como incentivos a la productividad. Según la carta, esos incentivos se transformaron en un aumento permanente de remuneraciones que ahora equivaldría a más de US$ 1.500 millones anuales. Además, estudios citados por la autora detectan una brecha salarial promedio cercana al 20% entre trabajadores públicos y privados comparables, y esa diferencia, sin considerar sobredotación, se traduciría en unos US$ 3.500 millones.

Piensa en el gasto público como el motor de un auto: si consume más combustible del que entra por la bencina, tarde o temprano se queda sin recorrido. Para el bolsillo de las personas en Chile esto significa que, si no se corrige, habrá menos espacio para inversión pública o será necesario aumentar impuestos y presión fiscal, o ajustar servicios y programas.

¿Qué opciones quedan sobre la mesa? Reducir el efecto permanente de los PMG, revisar la estructura remuneracional en la administración pública y atacar problemas de sobredotación son medidas que Cifuentes propone como prioritaria. Al mismo tiempo, mejorar la competitividad del sistema tributario para elevar la recaudación estructural es otra vía, pero más lenta. Ninguna de estas decisiones es técnica solo, todas son políticas y requerirán acuerdos en el Congreso y fijar prioridades en la próxima discusión presupuestaria.

La disputa entre la Dipres y académicos como Cifuentes pone sobre la mesa una pregunta práctica para Chile: ¿queremos ajustar la parte que gasta hoy o esperar que mejores ingresos resuelvan el problema? La respuesta definirá si el país recupera sostenibilidad fiscal con reformas focalizadas en gasto o si enfrenta ajustes más amplios que terminan impactando a hogares y servicios en los próximos años.