La detención de Benjamín Huerta en Ovalle reveló un dato incómodo para el Gobierno: el hombre recibía una pensión de gracia del Estado por haber sido reconocido como víctima de la represión policial durante el estallido social de octubre de 2019. El Ejecutivo aclaró que el beneficio fue revocado en enero de este año, antes de su arresto. Aun así, el caso volvió a poner sobre la mesa los criterios con que se otorgaron estos aportes.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció la semana pasada una revisión integral de todas las pensiones de gracia vinculadas al 18-O. El trabajo quedará a cargo del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, organismo encargado de analizar los antecedentes de quienes reciben actualmente este beneficio.
Las pensiones de gracia son aportes estatales entregados a personas que sufrieron daños graves en situaciones excepcionales. Tras las protestas de octubre de 2019, personas reconocidas como víctimas de la acción policial recibieron este beneficio mensual. El caso Huerta expuso los límites del proceso de verificación aplicado en ese momento.
La diputada de la UDI (Unión Demócrata Independiente), Constanza Hube, dirigió sus críticas contra la administración del expresidente Gabriel Boric, bajo cuya gestión se tramitaron parte de estas solicitudes. En el Congreso Nacional también circulan iniciativas para endurecer los requisitos de acceso y agilizar los procedimientos de revocación cuando corresponda.
Huerta fue detenido en Ovalle, en la región de Coquimbo, durante una investigación por presunto tráfico de fentanilo. La Fiscalía no ha precisado la fecha de formalización del caso.
