El cierre fiscal de 2025 dejó una señal que no admite interpretaciones complacientes: la regla fiscal fue incumplida por tercer año consecutivo, y esa repetición afecta más que los números, socava la confianza en la conducción económica.
Según cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el déficit estructural de 2025 alcanzó 3,6% del PIB, frente a la meta comprometida de -1,1%. Es la tercera desviación anual seguida de la regla que regula el equilibrio estructural de las cuentas públicas.
En las últimas semanas el gobierno saliente ha intentado explicar la brecha principalmente por una caída de la recaudación corporativa no minera y, en algunos comunicados, por una mayor evasión y elusión entre grandes contribuyentes. Esas afirmaciones, según las propias fuentes oficiales consultadas, no vienen acompañadas de estudios que permitan cuantificar el peso de esos factores.
La explicación más amplia apunta a una combinación de fenómenos económicos: crecimiento por debajo del potencial durante varios años, inversión que no recupera dinamismo, aumentos en los costos laborales y un entorno regulatorio y de incertidumbre que ha condicionado decisiones empresariales. En ese escenario, una caída de utilidades empresariales reduce de forma natural la recaudación asociada.
Además, la estructura tributaria juega un rol central. Nuestro sistema depende en una proporción significativa del impuesto a las empresas: cerca de un cuarto de la recaudación total proviene de ese tributo, más del doble del promedio en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Cuando una porción relevante de los ingresos descansa sobre una base estrecha y cíclica, la volatilidad fiscal es lo esperable.
También hay un problema técnico y de previsión. Cuando las diferencias entre lo proyectado y lo efectivamente recaudado se repiten, corresponde revisar con rigor los supuestos macroeconómicos y la modelación utilizada por la Dipres y el Ministerio de Hacienda. Persistir en proyecciones optimistas que no se materializan debilita la planificación presupuestaria.
Pero la responsabilidad no es solo de los ingresos. Si efectivamente los recursos caen, el gasto público debió ajustarse con la misma decisión. La regla fiscal no se cumple solo explicando desviaciones, exige mecanismos de corrección. La falta de ajustes puntuales en el gasto agrava el desbalance y complica la credibilidad fiscal.
El resultado es una coyuntura con efectos políticos y económicos: menor confianza de inversionistas, presión sobre la calificación país y desafíos para la formulación del próximo presupuesto. Corresponde que el próximo Ministerio de Hacienda y la Dipres entreguen una revisión pública de supuestos, escenarios y medidas de ajuste, y que el Congreso Nacional analice esas alternativas con transparencia.
La próxima etapa es técnica y política, y exigirá decisiones difíciles. Mantener la confianza fiscal pasa por corregir supuestos, revisar prioridades de gasto y diseñar un marco que reduzca la dependencia de ingresos altamente volátiles, sin sacrificar la protección social ni la inversión pública necesaria para recuperar el crecimiento.
