Estados Unidos revocó visas a tres funcionarios chilenos vinculados al proyecto de cable submarino que busca unir Valparaíso con Hong Kong, liderado por la empresa China Mobile International. Entre los sancionados está el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; además fueron afectados el subsecretario de Telecomunicaciones y un jefe de gabinete.

La encuesta Plaza Pública de la consultora Cadem, correspondiente a la cuarta semana de febrero, mide la reacción pública a esa decisión. Según el sondeo, 56% de los consultados considera que la medida estadounidense fue exagerada, mientras que apenas 33% la calificó como proporcional al riesgo atribuido al proyecto.

Sobre el futuro del cable, el 46% de los encuestados estima que Chile debería avanzar con la iniciativa, un 24% cree que debería postergarse y 17% opina que debería cancelarse. La consulta incluye además percepciones más amplias: 71% prefirió mantener una economía abierta y conectada al mundo frente a un 20% que optó por un enfoque más proteccionista.

El proyecto ha sido interpretado por Washington como un riesgo para la seguridad regional y motivo suficiente para sancionar a funcionarios chilenos, en línea con la postura de EE.UU. en disputas tecnológicas y de infraestructura con actores chinos. Para China, representada aquí por China Mobile International, la iniciativa configura una expansión de sus redes de telecomunicaciones globales.

Políticamente, la encuesta muestra una división por identidad ideológica cuando se pregunta por un socio estratégico, con 43% eligiendo a China y 43% a Estados Unidos. Entre quienes se identifican con la derecha, 74% prefirió a Estados Unidos, y entre quienes se ubican a la izquierda, 79% se inclinó por China. Además, la mayoría cree que Chile puede mantener una postura neutral ante la tensión entre las grandes potencias, según el sondeo.

El episodio obliga a Chile a balancear intereses: por un lado, la llegada de inversión y conectividad digital; por otro, la presión diplomática y de seguridad desde Estados Unidos. La decisión sobre el cable no es solo técnica o económica, también tiene implicaciones geopolíticas que afectan la autonomía de política exterior y la confianza de inversores.

En los próximos pasos, el Gobierno chileno deberá evaluar los costos diplomáticos de avanzar con el proyecto y la viabilidad técnica frente a exigencias de seguridad. La controversia también puede empujar a un debate legislativo o regulatorio sobre estándares de seguridad en infraestructura crítica, similar a debates globales sobre proveedores de redes y 5G.

Para Chile y América Latina, el caso es un recordatorio de la creciente presión que ejercen las rivalidades entre Estados Unidos y China sobre decisiones nacionales de inversión en tecnología, y de la necesidad de diseñar estrategias que preserven la soberanía digital sin sacrificar la inserción económica internacional.